Mercedes DuchPor Mercedes Duch, abogada en San Simón & Duch

El pasado miércoles, 17 de julio, se comunicó formalmente por parte de la Comisión Europea que los incentivos fiscales que habían beneficiado a la construcción naval en España eran contrarios a las buenas prácticas del mercado dentro de la Unión Europea. Aún cuando la decisión parece a priori algo menos dura que el avance que sobre la misma hizo hace unos días el Comisario Almunia, no por ello ha supuesto un jarro de agua menos fría a un sector que atraviesa las dificultades que todos conocemos.

Finalmente, se ha reducido el plazo durante el que estos incentivos fiscales concedidos en el marco del tax lease deben ser devueltos, concentrándose en las construcciones contratadas entre mediados del 2007 y el 2011. Algo es algo. También ha decidido Europa quién será la víctima, dejando a un lado a los astilleros y a los armadores; ha señalado con el índice a las agrupaciones de interés económico, es decir, los inversores, quienes tienen interés potencial en el mercado naval en España.

Esta decisión de la Unión Europea debe ser ahora ejecutada por el Gobierno español. Es decir, será el Ministerio de Hacienda quien decida cuánto, quién y cómo deben devolverse esas ayudas o incentivos fiscales que ahora se consideran indebidamente percibidos. Queda así con el Estado español modular con un margen discrecional las cantidades que finalmente habrá que reintegrar. Si hablamos de cifras, se calcula que las ayudas derivadas o conectadas al régimen del tax lease rondan los dos mil millones de euros y los buques afectados por este sistema ahora declarado contrarios a la normativa europea.

Mientras se espera conocer qué métodos va a seguir el Gobierno español para calcular el importe y plazos de las devoluciones, ya se palpa en el sector la exigencia imperiosa de que se plantee cuanto antes el oportuno recurso ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, planteando simultáneamente la suspensión de esta decisión de ayer a fin de evitar unos perjuicios de imposible reparación.

La situación, en la práctica, plantea enormes dudas y, sobre todo, enormes miedos. PEMEX ya ha planteado la necesidad de revisar los contratos de construcciones con los astilleros gallegos. En el mercado ya se muestra extrañeza por la coincidencia de las cerca de cincuenta construcciones que han perdido los astilleros españoles y, sin embargo, han ido a parar a astilleros holandeses. Inseguridad plantea también el régimen del tax lease vigente que ha sido bendecido por la Unión Europea, pero que también ha sido objeto de solicitud de revisión y estudio por parte de nuestros colegas europeos. Con una decisión como la que debemos afrontar sobre el tax lease anterior ¿qué seguridad jurídica va a ofrecer el nuevo sistema a los inversores?

En el aire cuelga una pregunta que cualquier jurista se debe plantear. ¿Quien es causa de la causa es causa del mal causado? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado español frente a unos inversos que actuaban bajo el paraguas de la ley?

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