La polémica continua tras el  cierre de Megaupload, el mayor sitio de almacenamiento de contenido de internet hasta su final, fue dado de baja por el FBI y, para sorpresa de todos, nada tuvo que ver con las polémicas leyes SOPA y PIPA.

Según el  comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, este es “uno de los casos criminales de derechos de autor más grandes que han sido iniciados por Estados Unidos”, que ha provocado “pérdidas de más de US$500 millones a los titulares de derechos de autor”. En efecto, es una de las páginas más visitadas para acceder a contenidos protegidos por derechos de autor. Los cargos contra los responsables Megaupload incluyen, según hemos podido ver, infracciones de derechos de autor y blanqueo de capitales.

La decisión de la Agencia Federal de Investigaciones provocó la reacción de un protagonista conocido y temido en todo el mundo, capaz de inhabilitar cualquier sitio web en cuestión de minutos: Anonymous.

Desde el pasado domingo, el colectivo hacktivista hizo honor a su fama. En un ataque considerado por sus integrantes como “histórico”, logró tumbar los sitios de Universal Music, el Departamento de Justicia de EEUU, la Asociación Americana de Industria de Grabación (RIAA) y la Asociación Americana de Imagen en Movimiento (MPAA). Estos últimos, organismos que apoyan la lucha en contra de la piratería.

En nuestro país hemos querido pulsar la opinión de diferentes expertos en temas audiovisuales sobre esta cuestión. Y saber si con la Ley SInde en la mano se puede llegar a una situación similar a la que se ha vivido estos últimos días en EEUU

Para Alejandro Touriño, responsable de Information y Technology  de Ecija, lo primero es “ y más importante, es conocer el sistema de funcionamiento de Megaupload. Se trata de un sitio web que permite a sus usuarios almacenar todo tipo de archivos y utilizar la dirección URL que el sitio genera para compartir archivos en la red. Megaupload almacena los contenidos y permite al usuario generar una URL que compartir en cualquier sitio web. Este servicios cuenta en la actualidad con dos tipos de suscripción, gratuita y de pago. Las principales diferencias entre ambos tipos de cuentas son la velocidad de la descarga y el tamaño de los contenidos, más limitados en el caso de la suscripción gratuita.”

Desde su punto de vista si se siguiera legislación española Megaupload tendría la consideración de un prestador de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos y su régimen de responsabilidad se determinaría en función de lo dispuesto en los artículos 13 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI).”

Para Pablo Burgueño, socio de Abanlex Abogados (en la segunda foto)  es evidente que “el desarrollo de novesas formas de explotar derechos ajenos de propiedad intelectual a través de Internet ha dado lugar a una precipitada labor legislativa cuyo máximo exponente en España ha sido, hasta el momento, la denominada popularmente Ley SINDE y, en Estados Unidos, los proyectos de la Ley SOPA y de la Ley PIPA.”

A su juicio :”la norma positiva que protege los derechos de los autores y de los cesionarios de derechos de propiedad intelectual era teóricamente suficiente, pero ineficiente en la práctica para atajar las constantes infracciones que los usuarios cometen en Internet. La labor de desinformación jurídica que se ha llevado a cabo en relación a una supuesta necesidad de ánimo de lucro para que la conducta de subida, descarga o explotación de contenidos en cualquier otra forma pueda ser calificada como ilegal, que no delictiva, es encomiable y ha provocado una masiva detentación de derechos.”

¿Cuál es su responsabilidad?

En opinión de Touriño, la responsabilidad de entidades como Megaloup hay que verla con calma desde la responsabilidad civil, penal y administrativa general definida en nuestro ordenamiento jurídico,  “pero se contempla, en el artículo 16 LSSI, una exención de responsabilidad que se ha dado en llamar “teoría del conocimiento efectivo” y que encuentra su fundamento en el hecho de que los citados operadores actúan como meros intermediarios respecto de unos contenidos que les son ajenos.”. De hecho en ese citado articulo se señala que no serán responsables “siempre que (i) no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o (ii) si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.”

Para el Socio del área de Information Technology de ECIJA “de ser enjuiciado este supuesto bajo derecho español, se trataría por tanto de determinar si Megaupload tenía o no conocimiento efectivo de que la información almacenada era ilícita o de que lesionaba bienes o derechos de terceros titulares de derechos de propiedad intelectual susceptibles de indemnización.”

Para Burgueño, el legislador ha pergeñado una norma que permite saltarse cuantos obstáculos surjan en su camino, con el fin de  proteger a toda costa los derechos de propiedad intelectual. “De esta forma, a través de la Ley Sinde y de los proyectos SOPA y PIPA no se otorga un nuevo marco teórico de protección sino que se definen procesos eficaces de protección de derechos, con mínima intervención judicial y cierta desatención de los principios informadores del ordenamiento jurídico. “.  Como experto en tecnologías cree que estos textos normativos que no cuentan con la aprobación popular tienen en común la inseguridad jurídica que genera su contenido material, la ausencia de la garantía procesal que sí aportaría un proceso judicial y graves deficiencias en su aplicación, por la dimensión internacional de Internet en relación a la soberanía de los estados y por la descoordinación de que adolecen en relación a otras normas del ordenamiento sobre las que se sustentan.”

 

En opinión del socio de Abanlex Abogados “La ley Sinde es, como la SOPA y la PIPA en su caso probablemente serán, un despropósito legal, de intención loable pero deficiente proyección y articulación. Su aplicación logrará en parte su objetivo, pero a un precio que jamás debió ser pagado. Sin duda, los derechos de propiedad intelectual deben poder ser protegidos con herramientas eficaces, pero mediante normas que conserven el rigor jurídico suficiente como para que tanto el cesionario como el cedente se sientan protegidos y justamente administrados.”

De momento, las espadas siguen en todo lo alto.  Respiro para los activistas en contra de la ‘ley Sinde norteamericana’. El senado de los EE.UU. ha aplazado indefinidamente la aprobación de la ley SOPA (Stop Online Piracy Act), la ley contra la piratería en Internet que multitud de internautas consideran como un ataque a la libertad de expresión y una forma de censura. La decisión del senado norteamericano no es ajena a la gran protesta en internet que ha tenido lugar esta semana, en la que sitios web tan conocidos como Wikipedia deshabilitaron sus páginas en señal de rechazo al proyecto.

De fondo, una pugna entre dos sectores vitales para la economía estadounidense. Por un lado, Hollywood, el principal impulsor de la ley, preocupado por la creciente facilidad con que los usuarios se descargan películas sin pasar por caja. Por el otro, la industria de las nuevas tecnologías de Silicon Valley, que considera que afecta a las libertades en Internet (y sus propios intereses).

1 Comentario

  1. Megaupload siempre a colaborado con las gestoras de derechos de propiedad intelectual ya que cada vez que se le comunicaba que algun contenido era ilegal era borrado el contenido. La misma politica que lleva a cabo youtube. Por que en youtube tambien hay contenidos ilegales.

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