Los juzgados de Palma de Mallorca se han convertido de forma involuntaria en protagonistas de diferentes pleitos y sucesos mediáticos. Al proceso en marcha por el caso Palma Arena, donde está imputado el expresidente balear Jaume Matas y parte de su equipo de comunicación, se sucede también el caso abierto contra José Maria Ruiz Mateos o la futura declaracion de Iñaki Urdangarín, el próximo 25 de febrero por su presunta implicación en la llamada Operación Babel, una pieza separada del caso Palma Arena

En el dia de ayer, el empresario José María Ruiz Mateos, imputado por una querella interpuesta por una presunta estafa, acudió  a su citación ante la Jueza de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que no cree en la justicia.

El Ministerio Fiscal, ante esta situación solicitó de inmediato  la adopción de medidas cautelares: retirada de pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, así como la personación cada día 1 y 15 de cada mes ante el juzgado. Por su parte,  la parte querellante pidió también prisión eludible bajo fianza de 2 millones de euros además de las mismas medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

En concreto, el empresario se negó a declarar en un principio ante el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por una presunta estafa de 13,9 millones de euros a Inversiones Grupo Miralles (IGM)

Miralles vendió en 2006 a una empresa de Zoilo Pazos, sobrino de Ruiz-Mateos, el hotel Eurocalas por 24 millones de euros mediante un contrato en el que el empresario y sus hijos varones actuaron como avalistas. Miralles asegura que los Ruiz-Mateos le deben 13.931.087 euros, más los intereses de demora, por el establecimiento turístico, sobre el que además pesa una hipoteca de 19 millones de euros.

Tras su declaración el pasado día 12, el juez Enrique Morell decretó la prohibición de salir de España para los seis hijos varones del empresario y también la obligación de que comparezcan cada quince días en sede judicial.

Por otra parte, referente a otro procedimiento diferente por presunta estafa que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, el Magistrado titular de este juzgado acordó ayer, en relación a esta misma persona, tras citarle como imputado y haberse acogido también a su derecho de no declarar, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, medidas que habían sido reclamadas por el Ministerio Fiscal.  Aqui el tema abierto es una  presunta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó.

El juzgado de instrucción 9 Ruiz-Mateos investiga otra querella relativa a la venta de otro hotel por parte de la familia Radó. En esta causa se investiga la venta a plazos de un hotel por un procedimiento similar al anterior caso, ya que sobre él los empresarios también constituyeron luego una hipoteca y, posteriormente, dejaron de pagar el dinero de la compra.

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