No a las tasasEl Gobierno francés ha anunciado que eliminará a partir del próximo mes de enero de 2014 las tasas judiciales de 35 euros que se cobran a las personas físicas desde la entrada en vigor de la Ley de Finanzas de 29 de Julio de 2011. La ministra de Justicia, Christiane Taubira, ha reconocido que las tasas judiciales -impuestas por el anterior Gobierno de Nicolas Sarkozy con la finalidad de financiar la asistencia jurídica- habían supuesto una “penalización a las personas más vulnerables y una restricción de su acceso a la Justicia”, asegurando que “esta tasa de 35 euros es injusta”. Ante ello, la Abogacía Española ha pedido al Gobierno que siguiendo el ejemplo francés derogue la Ley 10/2012 que regula las tasas judiciales y cuya aprobación cumplirá un año el próximo miércoles, 20 de noviembre. 

Las tasas judiciales francesas afectan principalmente a los ciudadanos que deben abonarlas para iniciar actuaciones judiciales en materia de civil, laboral, familia, vivienda y contencioso administrativo. Las tasas, ideadas para financiar la asistencia jurídica gratuita, han supuesto para la Hacienda francesa unos ingresos en 2013 de 60 millones de euros, que se destinarán a compensar los 379 millones de gasto de la asistencia jurídica gratuita. En Francia, el umbral para acceder al turno de oficio es de 929 euros mensuales. Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española explica que en España se han recaudado 101 millones de euros hasta el 30 de septiembre por las tasas judiciales, una cantidad que valora como “muy alejada de la previsión del Ministerio de Justicia que calculó que los ingresos anuales por la recaudación de las tasas ascenderían en 2013 a 306 millones de euros frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto”.

El Consejo Nacional de Abogados de Francia, que se había opuesto desde el principio a la creación de este impuesto, ha mostrado su satisfacción por la eliminación de una tasa que “constituye un obstáculo al acceso a la Justicia de los ciudadanos”.

Por su parte, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha remitido una carta al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pidiendo que “se agilice en lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales” y de esta forma se “palíen los efectos muy graves” que están teniendo tanto entre los ciudadanos que las sufren como entre los tribunales que carecen de criterios para conocer la realidad social.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Canarias, la Diputación General de Aragón, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista. También hay que añadir las cuestiones de inconstitucionalidad que han planteado Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Además, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha adoptado un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación.

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