Pablo ToralPor Pablo Toral Oropesa, Asociado en Cremades & Calvo-Sotelo

La Directiva 2013/48/UE de 22 de octubre sobre el derecho de asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad acaba de publicarse en el DOUE el 6 de noviembre de 2013. Por tanto, actualmente, está en período de vacatio legis de 20 días, si bien los países miembros cuentan con un plazo para su transposición hasta el 27 de noviembre de 2016.

Su ámbito de actuación se despliega sobre sospechosos o acusados en procesos penales desde el momento en que las autoridades de un Estado miembro hayan puesto en su conocimiento que son sospechosos, así como sobre las llamadas personas reclamadas (persona sujeta a una Orden de Detención Europea). Se podría decir que esta Directiva es desarrollo y materialización de lo expresado ya tanto en las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de 1999 que en su punto 33 reconoció que “el principio del reconocimiento mutuo de sentencias y otras resoluciones de autoridades judiciales debe convertirse en la piedra angular de cooperación judicial en materia civil y penal de la Unión”, como en lo establecido en el artículo 82 aptdo.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que establece que “la cooperación judicial en materia penal de la Unión se basará en el principio del reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales.”

Su objetivo es bien claro consagrar y garantizar, lo expresado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el derecho a un juicio imparcial y garantizar el respeto a los derechos de la defensa. El reto de la Unión es mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Para ello se persigue el reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal entre los Estados miembros, así como una mejor cooperación penal y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza. La Directiva viene a hacer un cuerpo sólido legal junto con la Directiva 2012/13/UE, que exige que todo sospechoso o acusado tenga derecho de acceso a un abogado. Consagra el derecho de reunión en privado de los sospechosos o acusados con el letrado que las represente y se llega a decir en su texto que la confidencialidad de las comunicaciones entre un sospechoso o acusados y su letrado es indispensable para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de defensa y constituye una parte esencial del derecho a un juicio justo. Se incide a lo largo de la Directiva al derecho a mantener una entrevista con el letrado de toda persona sujeta a una orden de detención europea, también denominada en la Directiva como persona reclamada.

La Directiva se compone de 18 artículos y supone como expresa en sus consideraciones previas que son unas “normas mínimas” y que, por tanto, los Estados miembros “pueden ampliar los derechos establecidos en la Directiva para ofrecer un mayor nivel de protección.” La Directiva incide en la necesidad de asegurar el reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal entre los países miembros, así como en una mejor promoción de los derechos de los menores.

El articulado detalla todos los derechos recogidos en sus consideraciones previas y garantiza que cada Estado miembro velé porque el acusado cuente con la asistencia de letrado en las “ruedas de reconocimiento, careos o reconstrucciones de hechos”. También obliga en sus artículos 4 y 5 a que los Estados miembros respeten la confidencialidad de las comunicaciones entre los sospechosos o acusados y sus letrados, así como que se informe de la privación de libertad de todo sospechoso o acusado al menos a una persona que él mismo designe. Además los sospechosos y acusados tendrán derechos a comunicarse, al menos, con un tercero a su elección y a comunicarse con las autoridades consulares, tal como consagran los artículos 7 y 8. Si bien, el artículo 8, reconoce la posibilidad de que el derecho de asistencia de letrado y que se informe de la privación de libertad a un tercero puedan ser exceptuados, pero en cualquier caso siempre rigurosamente limitadas en el tiempo y que en todo caso no podrán menoscabar las garantías generales de un juicio justo.

Asimismo, se reconoce al sospechoso o acusado la posibilidad de que renuncie a la asistencia letrada incluso cuando el procedimiento se haya producido por una orden de detención europea, si bien, esa renuncia a la asistencia letrada por todo sospechoso o acusado deberá ser voluntaria e inequívoca, además de revocable. Por último, reconoce la posibilidad de Asistencia jurídica gratuita, las vías de recurso, así como una especial atención por parte de los Estados miembros a las necesidades específicas de sospechosos y acusados que sean vulnerables. Se echa de menos, ciertamente, mayor concreción por la Directiva a qué se debe entender por “sospechosos o acusados vulnerables”. Esa falta de concreción del concepto puede generar un abuso de discrecionalidad dando lugar a comportamientos arbitrarios y discriminatorios.

En cualquier caso, la Directiva parece enterrar definitivamente de la Unión Europea las inquietantes situaciones, no siempre literarias, de aquel acusado que acude a su juicio sin entender ni el por qué se le acusa ni que hace allí, como planteó Kafka en El Proceso. En dicha obra el protagonista, Josef K., es acusado pero ignora los cargos, debe esforzarse por defenderse pero no sabe bien ni por qué ni de quién, por lo que la misión de su defensa, ante el tribunal y su hermética maquinaria burocrática, resulta imposible. También Camus, cuyo centenario se celebra este año, reflejó en su obra El extranjero, como durante el juicio por su crimen el protagonista, Meursault, no va a conseguir salir de ese estado de pasividad y escepticismo frente a todo y todos, ni arrancarle de esa percepción aburrida de la existencia y aun de su propia muerte. Así Meursault durante su propio juicio no puede evitar sentir una “extraña impresión que tenía de estar de más, un poco como un intruso”. Desde luego, esperemos que la Directiva, con su conjunto de derechos y garantías, haga retornar situaciones tales como las experimentadas por personajes, como Josef K. y Meursault, al campo del que nunca debieron de haber salido, el de la ficción.

La Directiva se encuentra, actualmente, en vacatio legis y, a pesar de que en Reino Unido e Irlanda no se va aplicar, es indudable que supone una gran noticia para el conjunto de la UE, ya que su articulado supone mayores garantías en la relación entre abogado y cliente, algo necesario en España. Camus decía, precisamente, que “si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”: si esta Directiva consigue conciliar Justicia y Libertad con Asistencia Jurídica del detenido en un proceso con garantías para el sospechoso y que éste pueda mantener reuniones privadas con su letrado con plenas garantías será, sin duda, un rotundo éxito y la mejor de las noticias.

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