Esta asociación judicial realizó esta reflexión ante el acuerdo adoptado el pasado viernes por la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJPV, por el que pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se establezcan «garantías» para el proceso de selección de cargos discrecionales en el Convenio que firmó con el Consejo General de la Abogacía el 17 de febrero de 2010, «visto el uso» que de él ha hecho el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Nazario Oleaga.

Oleaga remitió un informe al CGPJ sobre el juez de la Audiencia Provincial de Bizkaia Juan Pablo González, en el que criticaba su trayectoria, justo cuando el magistrado se presentaba al proceso de selección a la Presidencia de la Audiencia de Gipuzkoa. La propia Sala de Gobierno del TSJPV denunció que el documento contenía «descalificaciones».

La Sección Territorial de Jueces para la Democracia en Euskadi manifestó que la esencia del nuevo sistema de informe adoptado por el CGPJ y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) es «el respeto a la libertad de opinión de quienes representan a los abogados y muestran su parecer sobre los candidatos a ciertos cargos judiciales».

Y agregó que, de acuerdo a los artículos 152 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Sala de Gobierno carece de competencia para opinar sobe un informe ajeno, porque ya tiene encomendado legalmente la emisión de aquéllos que le corresponden. Por lo tanto, aseguró que el acuerdo adoptado carece «de base legal».

Señaló que los informes que se acordaron en el convenio entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General del Poder Judicial sirven para facilitar un «mayor conocimiento» del CGPJ sobre la idoneidad de los candidatos a ciertos puestos de responsabilidad judicial.

«Es un paso adelante que así suceda, pues estos informes son emitidos por los representantes de la abogacía, que conocen bien la trayectoria y actuación de los jueces que se postulan como candidatos para ciertos cargos», añadió.

JpD cree que no debería reprocharse a un informe que contenga aseveraciones, ya que, a su juicio, ésa es precisamente «la finalidad perseguida» por el acuerdo institucional CGAE y CGPJ.
Consideró que este informe es «un elemento añadido», como han sido las entrevistas públicas a los candidatos, para hacer el proceso de designación «más transparente y conforme a los principios de mérito y capacidad que proclama el artículo 103.3 de la Constitución».

Jueces para la Democracia en Euskadi recordó a la Sala de Gobierno del TSJPV que son «numerosas e importantes las deficiencias» de la Administración de Justicia «en nuestro ámbito».

«A nuestro juicio son éstas, y las difíciles condiciones de trabajo de muchos jueces y magistrados, los que merecen una mayor atención de la Sala, que debería encomendar su energía a afrontarlas y no a generar polémicas artificiales y gratuitas con colectivos como la abogacía vasca», concluyó en un comunicado de prensa.

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