Por Patricia Abad Cost, Abogada, Legal & Media Advisers

Tras el intento el pasado Abril de paralizar la liga de futbol española al convocar una huelga si no se eliminaba la obligatoriedad de emitir un partido semanal de interés general en abierto, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) abre otro frente de batalla, esta vez dirigido a los operadores radiofónicos.

En Julio de este año, la LFP anunció su intención de proceder a comercializar los derechos de retransmisión radiofónica de los partidos de la Liga (1ª División,  2ª División-A) y Copa de S.M. El Rey (excluida la final), a partir de la temporada en curso 2011/2012.  El conjunto de entes afectados por esta medida, tanto públicos como privados, la rechazan unánimemente.

El modelo de negocio existente hasta la fecha entre la LFP y las radios, se basaba en una convivencia pacífica, donde no se exigía pago alguno a las radios por poder retransmitir en directo los partidos a través de sus locutores acreditados, quienes además cuentan con espacios habilitados para el ejercicio de su actividad periodística, accesos a pie de campo, sala de prensa y breves entrevistas a los jugadores después de los encuentros.

Los argumentos esgrimidos por la LFP para adoptar esta nueva medida, se centran en su facultad, como gestores de los derechos exclusivos de retransmisión de los encuentros, de poder exigir el pago mediante una serie de paquetes, que, dependiendo del precio, ofrecen una serie de servicios para poder realizar la retransmisión en directo. La contratación del paquete condicionará las acreditaciones correspondientes a los periodistas, que venían siendo concedidas por los clubes y no por la LFP. Los paquetes o servicios serían: cabinas para los comentaristas, acceso a las zonas mixtas y sala de prensa (servicio Básico), posibilidad de acceso a pie de campo (un periodista por emisora) y en las zonas que se habiliten (servicio Premium), acceso a zona exclusiva de entrevistas en zona mixta y en antepalco (servicio Exclusivo1), y acceso a la boca del túnel de los vestuarios a la finalización para realizar entrevistas rápidas a jugadores no entrevistados en ese espacio por el operador de televisión (servicio Exclusivo 2), todo ello sumando los posibles costes derivados del uso de servicios técnicos y suministros y las condiciones generales para el ejercicio de los servicios descritos que se reflejarían en el contrato.

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), en representación de las principales radios públicas y privadas, argumenta su negativa al pago de este canon sobre todo en el derecho constitucional a la información (art. 20), y alegan además que el art. 19 de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), por el cual se regula la posibilidad de que ciertos contenidos puedan ser comercializados en exclusiva, se refiere únicamente a las televisiones y no a las radios, ya que éstas se situarían en el lado de la prensa escrita.

Los eventos deportivos se desarrollan en recintos privados, y esto concede a sus titulares ciertos derechos y obligaciones. Una de las claves se sitúa en el propio contrato entre la LFP y Mediapro (entidad que adquirió los derechos con exclusividad), sobre si el objeto de ese contrato, se refiere a la retransmisión televisiva o si se refiere a derechos audiovisuales en una concepción más amplia, donde tendría cabida la gestión de las retransmisiones radiofónicas, y por tanto estarían facultadas para comercializarlos. Desde el punto de vista jurídico, el punto tercero del art. 19, regula la exclusividad de los derechos en acontecimientos de interés general, protegiendo el derecho a la información de los ciudadanos como derecho prioritario, y por ello estipula como límite que quien haya contratado o gestione esa exclusividad: debe permitir a los restantes prestadores “la emisión de un breve resumen informativo en condiciones razonables, objetivas y no discriminatorias” sin exigir contraprestación a cambio, salvo gastos de elaboración o técnicos,  cuando el resumen informativo se emita en un informativo, en diferido (es decir, no en directo) y con una duración inferior a tres minutos.

Sobre si este artículo se refiere exclusivamente a los operadores de televisión, y no a las radios, cabe señalar, por un lado que la exclusividad en la contracción se refiere a la emisión por televisión y que el artículo se refiere al acceso a la información a  los restantes  prestadores del servicio de comunicación audiovisual. La misma ley (art.2) define a los prestadores, servicios de comunicación audiovisual y programas audiovisuales de forma que las radios quedan perfectamente comprendidas en estos tres conceptos. Así, parece jurídicamente posible, que las radios queden comprendidas dentro del ámbito del art. 19, no para emitir en exclusiva, sino para acceder a los resúmenes informativos en virtud del ejercicio del derecho a la información, y, por otro lado, que la LPF puede impedir retransmisiones radiofónicas en directo, no autorizadas de sus acontecimientos.

Según reiteradas sentencias del TC, el derecho a la información y la libertad de información son, en términos constitucionales, un medio de formación de opinión pública en asuntos de interés general, cuyo valor de libertad preferente viene determinado por su condición de garantía de la opinión pública (dar a conocer a la opinión pública información veraz, libre, efectiva, objetiva y plural) que los poderes públicos tienen obligación de proteger. Este valor preferente alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los periodistas en la prensa, entendida en su más amplia aceptación. La LFP debe garantizar este derecho, ahora bien, la discusión se centra en determinar si los resúmenes informativos de tres minutos, cubren la necesidad y el derecho de información ejercitado por las radios (la retransmisión íntegra del partido excede jurídicamente de lo contemplado por el precepto constitucional).

Pagar por algo que durante años ha sido gratuito, es algo difícil de aceptar. Que las narraciones radiofónicas futbolísticas son esencia, alimentan y nutren este negocio, resulta igualmente obvio pese a las desafortunadas declaraciones de algunos titulares de los derechos en conflicto. Que las radios también reciben ingresos de los anunciantes en sus programas,  es  un hecho. Ahora bien, en este modelo de negocio ambas partes se necesitan y deben entenderse. La LFP parece tener argumentos jurídicos para sustentar la exigibilidad del pago del canon, siempre y cuando respete los límites de la exclusividad fijados, donde el derecho a la información debidamente entendido (acceso gratuito a la información de los momentos relevantes, y a las salas de prensa) se sitúa por encima;  si este canon no se fija en cifras desorbitadas o inasumibles, quizá puedan llegar a un acuerdo.

 

 

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