Por Pedro J. Contreras Jurado,  Responsable  Derecho del Deporte y del Ocio de Montero Aramburu Abogados

 

 

Se ha hablado y escrito mucho acerca del conflicto entre las emisoras de radio -representadas por la Asociación Española de Radio Difusión Comercial (en adelante, AERD)- y la Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante, LFP).

Como conocemos, el epicentro del problema se centraba en el canon que la LFP pretendía cobrarle a las emisoras de radio por los derechos de retransmisión radiofónica de los encuentros de fútbol que los equipos españoles disputasen en la Liga BBVA (1ª División), la Liga Adelante (2ª División) y la Copa de S.M. El Rey.

La principal cuestión jurídica pivotaba sobre el alcance del derecho fundamental a la información reconocido en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española y sobre si, el reseñado canon, vulneraba el mencionado precepto constitucional.

Tras meses sin llegar a un acuerdo, en los que se ha desatado una ardua batalla legal, parece que el gobierno de Mariano Rajoy –como prometió durante la campaña electoral- ha decidido tomar “cartas en el asunto” y optar por una solución salomónica –a juicio de quien suscribe-.

Dicha solución ha sido recogida en el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 junio, que entró en vigor el pasado día 21 de abril. La mencionada norma modifica la redacción del artículo 19.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que queda  de la siguiente forma:

Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica dispondrán de libre acceso a los estadios y recintos para transmitir en directo los acontecimientos deportivos que tengan lugar en los mimos, a cambio de una compensación económica equivalente a los costes generados por el ejercicio de tal derecho

Es decir, se reconoce el libre acceso a los estadios pero se exige el abono de un canon por el uso de las instalaciones.

Los motivos que han llevado al legislador a decantarse por esta solución aparecen detallados en la exposición de motivos del mencionado Real Decreto. En ésta se reconoce que “la retransmisión de acontecimientos deportivos llevada a cabo por prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónica constituye una clara manifestación del derecho a comunicar y recibir información reconocido en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española”.

Por ello, el legislador considera que “para poder ejercitar este derecho es necesario establecer la libertad de acceso a los espacios o recintos en los que se celebren los acontecimientos deportivos por parte de los operadores radiofónicos”.

Ahora bien, “como quiera que el ejercicio de este derecho por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica implica hacer uso de determinadas instalaciones de los recintos en los que se celebre el acontecimiento, los operadores radiofónicos deberán abonar a los titulares de los derechos los gastos que se generen como consecuencia del mantenimiento de las cabinas de los recintos, y demás servicios necesarios para garantizar el derecho a comunicar información.”

En principio, parece que, por imperativo legal, queda resuelto el conflicto. Sin embargo, la postura de la LFP –a pesar de la modificación normativa- es la de seguir defendiendo sus derechos e intereses. Al efecto, ha anunciado el ejercicio de acciones legales contra el reseñado Decreto Ley.

Otra cuestión controvertida será determinar la cuantía de la compensación económica a percibir. Según la norma, el importe de la misma deberá alcanzar los costes generados por el ejercicio del derecho a la información. Ahora bien, ¿alcanzará el mismo únicamente los costes directos o también los indirectos?; ¿Qué tipo de gastos deben tenerse en cuenta?; ¿considerará la LFP que se cumplen sus expectativas económicas?

Esta cuestión, a pesar de las dudas existentes, puede ser de más fácil solución, puesto que en caso de que las parte no consigan alcanzar un acuerdo –algo bastante probable dada la disparidad de sus posturas- el importe del canon será unilateralmente fijado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.