En este sentido, el Gobierno del Principado señala que ha iniciado contactos con los países interesados respecto a posibles acuerdos bilaterales en materia de impuestos y para la cooperación en la lucha contra el fraude fiscal, que podrían, incluso, «ir más allá» del marco establecido por la OCDE.

«Liechtenstein pretende garantizar la certidumbre y conformidad legal al mismo tiempo que la preservación de la privacidad y confidencialidad de los clientes bancarios», explicó el pequeño Estado centroeuropeo, que subrayó su voluntad de compatibilizar sus responsabilidades hacia los clientes de sus entidades financieras con el cumplimiento de las «legítimas reclamaciones fiscales» de sus socios.

«Asumimos nuestra responsabilidad como parte de un área económicamente integrada. Con esta declaración, aportamos nuestra contribución para una solución conjunta hacia una solución efectiva de las posibles reclamaciones fiscales de carácter internacional teniendo en cuenta al mismo tiempo los legítimos intereses de los clientes de nuestro centro financiero», afirmó el primer ministro del Principado, Otmar Hasler.

En este sentido, Hasler señaló que el secreto bancario había permitido hasta la fecha garantizar la legítima protección de los ciudadanos, lo que «continuará así», aunque admitió que con la declaración Liechtenstein pretende dejar claro que la confidencialidad bancaria no puede ser utilizada como vehículo del delito fiscal.

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