Colombia sancionó la ley «Niñas sin Ablación», que busca erradicar y prevenir la mutilación genital femenina
Tras superar cuatro debates en el Congreso y finalizar su trámite en el Senado, fue sancionada la ley que busca ponerle fin a la mutilación genital femenina en Colombia, una práctica que afecta principalmente a niñas recién nacidas y menores de un año.
Colombia es el único país de América Latina donde se ha documentado la Mutilación Genital Femenina (MGF). En Congreso aprobó la histórica ley «Niñas sin Ablación», convirtiendo al país en el primero de la región con legislación específica para erradicar esta práctica, priorizando la prevención y el trabajo con comunidades indígenas.
La Mutilación Genital Femenina —definida por la Organización Mundial de la Salud— afecta principalmente a niñas recién nacidas y menores de 5 años en comunidades indígenas, en especial dentro del pueblo Emberá. Es realizada de forma oculta en los resguardos por parteras o abuelas, y a menudo la denominan erróneamente con el término tradicional «la curación».
La mutilación genital femenina es una violación grave de los derechos humanos, que vulnera el derecho a la salud, a la integridad física y a una vida libre de violencia. Afecta a más de 230 millones de niñas y mujeres en el mundo, constituyendo una forma extrema de discriminación de género y tortura.
La norma prioriza salvar vidas, capacitar a parteras, evitar la criminalización directa que aleje a las mujeres de los centros médicos y promover la transformación cultural liderada por mujeres indígenas. Esta práctica ha sido defendida por razones culturales, religiosas o sociales para controlar la sexualidad de la mujer o por falsas ideas de higiene.
La mutilación genital femenina es la extirpación parcial o total de los genitales externos de la mujer u otras lesiones en los órganos genitales por motivos no médicos. Esta práctica daña gravemente la salud física y mental, y está considerada como una violación de los derechos humanos.
La mutilación genital causa dolor extremo, sangrado muy fuerte e infecciones graves porque muchas veces se hace sin anestesia y sin material limpio. Además, deja secuelas para toda la vida, como dolor al orinar, problemas en los partos y daño emocional.
La legislación colombiana prioriza campañas de prevención, educación comunitaria y diálogo intercultural en lugar de crear castigos penales inmediatos para evitar que las familias oculten casos graves de infección o hemorragia por miedo.
La normativa, cuya ponencia estuvo a cargo de la senadora Clara López Obregón, Pacto Histórico, establece una política integral para enfrentar esta problemática desde un enfoque de derechos, salud pública e interculturalidad, también contempla acciones de educación comunitaria para transformar prácticas que afectan la integridad de las niñas, fortalecer el registro de casos desde el sistema de salud y garantizar rutas de atención integral para las víctimas.
Esta ley significa un gran avance en la defensa de los derechos de las niñas y mujeres en Colombia, al promover estrategias de prevención y protección que permitan avanzar hacia la erradicación definitiva de esta práctica en el territorio nacional.
