Los grupos parlamentarios del PP y del PSOE han llegado a un acuerdo para dar respuesta a las quejas de los afectados por las preferentes, productos financieros de alto riesgo que fueron comercializados por varias entidades de crédito y que han dejado a miles de clientes sin ahorros.

El acuerdo consiste en promover un mecanismo de arbitraje para entidades bancarias y consumidores mediante la creación de una comisión de seguimiento que presidirá Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y cuya vicepresidencia estará ocupada por un miembro del Banco de España. La Comisión también contará con representantes del Instituto Nacional de Consumo, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, Consejerías Autonómicas con competencias en consumo que han participado en los proceso de arbitraje y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Según el acuerdo, una vez sometidas la controversias a arbitraje y establecida la «deficiente comercialización», las entidades nacionalizadas deberán ofrecer unas condiciones que respeten el «valor nominal de la inversión efectuada» teniendo en cuenta la rentabilidad que los titulares de preferentes hubieran recibido con un depósito ordinario «en relación con la remuneración recibida por los valores suscritos por ellos».

Se amplían los procedimientos a Bankia y otras entidades nacionalizadas

A lo largo del segundo semestre de 2012 ya se pusieron en marcha varios procedimientos de arbitraje público, a cargo de las consejerías autonómicas con competencias en consumo- para ofrecer una solución «más ágil y menos onerosa que la jurisdiccional a los afectados por una comercialización incorrecta de estos productos», según se expone en el documento que materializa el acuerdo. Hasta ahora, los procedimientos estaban planteados para aquellos problemas suscitados en las entidades Catalunya Banc y NovaGalicia Banco.

Sin embargo, con el actual acuerdo, y en línea con lo anunciado en el Parlamento en la comparecencia del pasado 18 de Diciembre, se está trabajando para poner en marcha un procedimiento similar para el caso de Bankia y «eventualmente, podría aplicarse algo similar para otras entidades que se prevé sean nacionalizadas o hayan percibido apoyo público si se identificasen problemas de comercialización similares», según se expone en la propuesta acordada por el Gobierno y la oposición.

Comisión de seguimiento

La Comisión tendrá el objetivo de llevar a cabo un seguimiento de los resultados de estos procesos de arbitraje y de articular eventualmente medidas adicionales de protección de los ahorradores. Así, deberá fijar y supervisar los criterios de carácter objetivo y de perfil del inversor utilizados en el proceso de filtro de solicitudes; elaborar un informe de estado de situación al mes de constituirse, que se deberá elevar al Parlamento; un informe mensual estadístico detallado de la evolución de los arbitrajes y de las características de los afectados por los mismos y elevar propuestas al Gobierno que mejoren la transparencia de la comercialización de los productos financieros y de protección de los pequeños ahorradores.

Los criterios utilizados hasta ahora para filtrar las solicitudes, mediante el asesoramiento de expertos independientes, eran los siguientes:

Criterios objetivos: falta de documentación relevante o irregularidades en la misma (falta de firma, firma de un menor o de una persona con minusvalía psíquica sin firma de sus tutores legales, etc.).

Criterios de perfil inversor: se analiza al titular y a los cotitulares del producto, utilizando criterios como por ejemplo la conclusión del Test de Conveniencia Mifid, la edad, la renta y su origen, la profesión, otros productos financieros contratados, la proporción de importe reclamado sobre el total de capital personal o la conducta histórica del cliente.

Por su parte, la Ley 9/2012 introdujo restricciones a la comercialización de estos productos, para prevenir la repetición de situaciones similares en el futuro. A partir de ese momento se exige un tramo para inversores profesionales mínimo del 50% y una inversión mínima de 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas y de 25.000 en el caso de las cotizadas. Además, se refuerzan los poderes al respecto de la CNMV y se pedirá a los clientes minoristas no idóneos que escriban «de su puño y letra» que han sido advertidos de que el producto no les resulta conveniente.

FACUA rechaza el acuerdo

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha rechazado el acuerdo «por poner al frente de la misma a responsables de la CNMV y del Banco de España, los mismos organismos que permitieron la venta masiva de preferentes a consumidores finales».

La asociación considera inaudito que el Gobierno y el principal partido de la oposición hayan decidido que sean ahroa estos organismos los encargados de «decidir qué consumidores pueden recurrir a arbitraje para recuperar su dinero secuestrado en preferentes y productos financieros tóxicos» y ve «inaceptable» cualquier solución que no pase por la «completa devolución del dinero invertido para aquellos pequeños ahorradores y usuarios que fueron engañados por sus entidades bancarias».

Además, FACUA exige que el arbitraje se extienda al resto de entidades bancarias que comercializaron preferentes y deuda subordinada entre los usuarios finales, y que no sea aplicable sólo a los bancos nacionalizados.

 

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