El Tribunal Constitucional ha decidido suspender la aplicación del euro por receta en la Comunidad de Madrid tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El euro por receta entró en vigor el pasado 1 de enero en Madrid, y también fue suspendido cautelarmente el pasado día 15 de Enero en Cataluña, después de cumplirse siete meses de aplicación en esta comunidad.

Mientras decide sobre el fondo del asunto, el Tribunal Constitucional ha acordado la suspensión de la medida durante los próximos cinco meses, tal y como hizo con el caso catalán. Si pasado este plazo no hubiera decidido sobre la constitucionalidad de la ley afectada, podría acordar una prórroga de las suspensiones.

La decisión del TC se basa en el artículo 161.2 de la Carta Magna, que establece que el Gobierno puede impugnar ante el Constitucional las resoluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas, lo cual produce la suspensión de la disposición impugnada, que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.

Conflicto de competencias

El Gobierno entiende en su recurso que las medidas implantadas en Madrid afectan a supuestos regulados por leyes estatales y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.

La supuesta inconstitucionalidad de la medida ya fue advertida por el Consejo de Estado el pasado mes de noviembre mediante el dictamen 623/2012. Sus razones no se fundaban tanto en que no se puede gravar la dispensación de medicamentos con una figura tributaria, como en el hecho de que no puede hacerse por una Comunidad Autónoma aislada, dado que ello supone una incidencia en el régimen de fijación de precios de los medicamentos incluidos en el sistema público de financiación que corresponde en exclusiva al Estado.

Así, el Consejo de Estado consideraba en su escrito que la aplicación del euro por receta «es competencia exclusiva del Estado, en relación con las bases y coordinación general de la sanidad y con la legislación con los productos farmacéuticos» establecido en la Constitución.

Hasta ahora, el Gobierno que preside Ignacio González no se ha dado por aludido y ha anunciado reiteradamente su intención de cobrar el euro por receta hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre su caso. El presidente madrileño, donde ya se han expedido más de 1,6 millones de recetas, siempre ha defendido que esta medida es de su competencia y que “no es discriminatoria”.

Más información:

Artículo de opinión ‘El euro recetazo de Madrid‘ por Lucas Blanque Rey, Of Counsel de Lupicinio Abogados International Attorneys

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