El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montorno, ha anunciado este lunes que se han ingresado 1.200 millones de euros por la amnistía fiscal y ha añadido que este dato supone el afloramiento de bases imponibles de, al menos, 12.000 millones de euros. Sin embargo, la cifra ha quedado lejos del objetivo planteado por el Ejecutivo, que esperaba recaudar 2.500 millones de euros con esta “regularización de activos ocultos”.

Montoro, que ha participado este lunes en la localidad malagueña de Mijas en el foro ‘Hacienda, administraciones y la salida de la crisis’, organizado por el diario ‘SUR’, ha indicado que “ha valido la pena realmente hacer una operación así en un momento como vive España”, porque “permite recaudar mucho más en un momento vital para financiar los servicios públicos y conseguir alcanzar el objetivo de déficit público”.

Una medida controvertida

El pasado viernes 30 de noviembre terminó el plazo previsto para que los evasores se acogiesen a la amnistía fiscal o, dicho de otra forma, a legalizar las rentas no declaradas pagando un gravamen especial del 10% o incluso del 8% para los casos de dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera. Durante medio año se pudieron regularizar así todos los bienes y capital oculto pero los evasores solo tuvieron que pagar por aquellas cantidades que no habían prescrito (las de los últimos cuatro años).

La amnistía fiscal ha provocado numerosas dudas jurídicas a lo largo de los últimos meses, que expertos en materia fiscal intentaron plantear en un reportaje especial publicado por Diario Jurídico. Sin embargo, las críticas también se sucedieron en el terreno político por lo que el PSOE incluso recurrió la medida al considerarla anticonstitucional. Las dudas sobre su validez planearon durante meses hasta que el pasado mes de Octubre, la Audiencia Nacional se pronunció al respecto y rechazó el recurso “por falta de legitimación activa”.