El paso octubre de este año, se condenó a una concejal valenciana por considerar positiva la muerte y llamar asesino a un torero que había fallecido en el ejercicio de su profesión, la condena en primera instancia, expone como fundamento que no comprende lo positivo en el fallecimiento de un ser humano, tampoco avala tildar de ilícito el ejercicio de la profesión de torero, además la publicación de la concejal ahonda en el dolor y angustia de los familiares, todas estas consideraciones jurídicas, las hizo en el marco de poner en una balanza  la libertad de expresión y el Derecho al honor, después de hacer una valoración cualitativa sobre Facebook y Twitter.

Se condenó al pago de 7.000 euros a la familia, al retiro de la información y a publicar a su costa la sentencia en los mismos medios que divulgó el mensaje.

Esta es la primera condena de este tipo, y es interesante en estos tiempos de accesibilidad y difusión de información a través de las redes sociales, un análisis profundo sobre la libertad de expresión que estas redes permiten.

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En Colombia la difusión de ideas o información constituye un Derecho de carácter Fundamental protegido por la Constitucional Nacional, y también en el mismo rango de relevancia Constitucional, se encuentran los Derechos que emanan de la dignidad de la persona y su honor.

Es por ello, que la información que se brinda, a través de cualquier medio, escrito o virtual; así tenga interés público; no justifica ningún tipo de invasión a la más sagrada esfera de la privacidad del ser humano, y mucho menos si esta tiene efectos en los familiares o en la misma persona sobre la que se divulga la información.

La libertad de expresión no puede pasar por alto los criterios de responsabilidad civil, más cuando se produce un alto impacto en la sociedad, según la red por la que se populariza o viraliza; no se puede aniquilar la libertad de expresión, pero tampoco se le puede otorgar, cuando contiene expresiones dañosas, un trato diferenciado en materia de responsabilidad.

Así, como cualquiera responde por daños causados a terceros en otros ámbitos, accidentes, responsabilidad médica, estatal; igual debe responderse cuando se excede la libertad legitima de expresión y se trasgrede la esfera moral de las personas o sus familiares.

La libertad de prensa es una institución fundamental, sin embargo, las personas naturales o jurídicas que ejercen dicha actividad o que deciden publicar información, deben asumir el riesgo que representan posibles inexactitudes o agravios que pudiesen causar como consecuencia del desarrollo de su libertad de expresión, por lo tanto el costo de ese agravio debe ser soportado por quien lo cause.

La constitución colombiana, establece que toda trasgresión al honor, a la intimidad familiar y a la imagen de la persona debe ser considerada antijurídica, “y el estado debe respetarlos y hacerlos respetar”, así mismo la justicia civil ha reparado el daño a la persona consistente en injuria al honor.

Esta protección normativa y el Derecho a solicitar indemnización está convenida desde el año 1970 a través del Decreto 1260 en donde se establece que “La persona a quien se discuta el derecho al uso de su propio nombre, o que pueda sufrir quebranto por el uso que otra haga de él, puede demandar judicialmente que cese la perturbación y se le dé seguridad contra un temor fundado, así como la indemnización de los daños a los bienes de su personalidad y del daño moral que haya sufrido.”

Este postulado normativo, es aplicable a casos de lesión de los Derechos a la vida privada, a la imagen o al honor; sin dejar lado la intimidad familiar cuando esta también es trasgredida por la información difundida, convirtiéndose no sólo el individuo afectado, sino también su familia, en acreedores de indemnización cuando su honor o buen nombre ha sido quebrantado.

En el ámbito nacional la libertad de expresión, de información y de opinión gozan de protección privilegiada en el ordenamiento jurídico sin embargo cuando estas libertades que promueven el pluralismo, la contingencia del debate y la posibilidad de que las personas formen una posición propia en su entorno social colisiona con otros derechos fundamentales, reitera la jurisprudencia nacional que “como quiera que no revisten la calidad de derechos absolutos, se les exigen determinados límites. En el caso de la libertad de información, se le impele a que sea veraz e imparcial, que respete los demás derechos fundamentales”.

Sin embargo, a pesar del contenido normativo y del Desarrollo jurisprudencial en la protección constitucional del honor y la dignidad humana, la reclamación civil de indemnización de perjuicios por estas trasgresiones no tiene sentada una línea jurisprudencial y mucho menos una posición jurídica que analice la situación en el marco de las distintas redes sociales cuando se trasgrede el honor.

Está por verse, los próximos años los litigios en materia civil, para establecer la posición de los jueces en Colombia, respecto a las situaciones indemnizables a las que conducirán las muevas tecnologías, la accesibilidad y la facilidad de difusión de información, cuando sobrepasen el límite de su libertad de expresión y vulneren Derechos fundamentales como la dignidad, el honor de las personas y sus familiares.


indemnizacion de perjuicios diario juridicoSilvia Barbosa 

Abogada especialista en responsabilidad, apasionada por la defensa de intereses colectivos en Acciones de Grupo, estudiosa del legaltech y las nuevas tecnologías aplicables en los servicios jurídicos.

 

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