Esta última decisión ha sido el colofón a un caso especialmente polémico, cuyos distintos episodios han llevado a que éste y los demás condenados -otros dos drag queens y una gogó- ya estén excarcelados; uno por el indulto parcial ahora recibido, y los otros tres desde abril de 2008, después de cumplir sólo cinco meses de cárcel, pasando a tercer grado pese a unas penas tan elevadas; una decisión «sorprendente» y «nada habitual en casos de agresión sexual», según afirmaron fuentes penitenciarias al diario El Mundo.
El indultado es José María Parramón Piella. Fue condenado por la sección sexta de la Audiencia de Barcelona a 12 años de cárcel en enero de 2006, al considerarse como autor de un delito de agresión sexual, según acordó el tribunal, en un episodio que cometió cuando acudió caracterizado de drag queen a la discoteca Eibisi de la población.
Pese a la alta pena que consta en sentencia, que fue ratificada, además, por el Tribunal Supremo, el Consejo de Ministros acordó, el pasado 13 de marzo, que ahora «se conmuta la pena privativa de libertad impuesta por otra de cinco años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de diez años», consta en el Real Decreto. Es decir, una rebaja espectacular de siete años de cárcel.
El 19 de noviembre de 2007, los otros dos condenados por este caso y por el mismo delito -José Luis G.R. y Germán C.M.- ingresaron voluntariamente en el centro penitenciario Brians 2 para comenzar a cumplir la pena, y fueron propuestos por el centro para ser clasificados en segundo grado y que participaran en el programa de tratamiento de agresores sexuales.
La también condenada Gemma A.B., que aquella noche trabajaba como gogó en la discoteca, hizo lo mismo en la cárcel de mujeres de Wad-Ras -luego fue trasladada a Brians-, mientras José María Parramón Piella ingresó en Quatre Camins. Concretamente, en el módulo de protección destinado a los internos que podrían tener más conflictos de convivencia con el resto de reclusos, como policías o violadores.
Los cuatro condenados iban a cumplir una cuarta parte de la condena en el año 2010, la mitad en 2016 y la definitiva en 2019. Y pese al delito por el que se les condenó en sentencia firme, la Secretaría de Prisiones de la Generalitat dictó, el 3 de abril de 2008, una decisión sin precedentes: les concedía el tercer grado. Lo avalaba así afirmando que los reclusos no tenían antecedentes penales y que durante su tiempo en prisión habían demostrado tener una buena conducta.
Pocos días después, al enterarse de esta decisión por los medios de comunicación, la Fiscalía recurrió esta concesión de tercer grado de los cuatro jóvenes. Lo hacía por «no considerarla ajustada a derecho», añadiendo que otorgar salidas sólo cinco meses después del encarcelamiento no era adecuado, al ser un «tiempo insuficiente para hacer algún tratamiento penitenciario, y para el cumplimiento de los fines constitucionales de la pena impuesta». El juez de vigilancia penitenciaria, siguiendo los argumentos de la Fiscalía, tumbó el tercer grado sólo para uno de los condenados, José María Parramón, poniendo en la calle a los otros tres en una decisión sin precedentes. Fuentes penitenciarias han explicado que, sea como fuere, es una decisión «alucinante» con la que, finalmente, «se ha conseguido que los cuatro estén en libertad».
