El Ministerio de Justicia,  percibirá una inversión de 55,2 millones de euros, aprobada el pasado 25 de agosto por el Consejo de Ministros, que consta de acuerdos para la adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos dentro del ámbito del Ministerio de Justicia.

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Con respecto al primero de los acuerdos, se destinarán más de 36 millones de euros a la adquisición del necesario equipamiento para el Centro de Proceso de Datos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) que seguirá la estructura de tres bloques:

  • Adquisición de servidores físicos de medio y alto rendimiento.
  • Evolución de la plataforma de virtualización
  • Solución de almacenamiento de alto rendimiento en alta disponibilidad y la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de backup.

Este nuevo equipo resulta imprescindible para llevar a cabo transformación digital que la Justicia precisa, ya que los avances en la misma, especialmente con la implantación y generalización de la solución Justicia Digital, han supuesto un gran crecimiento en lo que a volumen de datos de refiere.

La inversión para poder llevar a cabo este incremento de recursos en la SGNTJ es de 32,6 millones de euros, que irían a parar el ámbito general de la Administración de justicia.

¿Cual ha sido la empresa escogida para llevar a cabo la implantación de nuevos sistemas en el Ministerio de Justicia?

Los bienes objeto de este proyecto y contrato, han sido contratados a la empresa Hewlett-Packard Servicios España, por tratarse de la única que dispone de los equipos necesarios dentro de su catálogo, y cuyo compromiso es el del llevar a cabo la entrega de los equipos en el plazo máximo de dos meses, tras haberse declarado un proceso de adquisición centralizada en una sola empresa.

Por otra parte, el segundo de los acuerdos alcanzados se centra en una inversión de 19,1 millones de euros, que irán destinados a la contratación, mediante el procedimiento de licitación abierto, de servicios de operación de las aplicaciones y servicios de la Administración de Justicia y de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones asociadas a las mismas. Este contrato, tendrá una duración de un año prorrogable hasta un máximo de 9, e incluye incluye el mantenimiento y las acciones preventivas, correctivas y evolutivas sobre el hardware y el software. La finalidad es disponer de un servicio que permita la normal prestación de estas funciones simplificando la gestión y ejecutando los proyectos de actualización y mejora, así como la resolución de incidencias, peticiones o problemas.

La SGNTJ depende de la Secretaría de Estado de Justicia desempeñando un papel fundamental en el proceso de modernización de la Administración de Justicia ya que ostenta las competencias relativas al suministro y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para desarrollar los proyectos tecnológicos diseñados para llevar a cabo la transformación del sistema de Justicia, dotándolo de mayor eficacia y sobre todo agilidad.

Ambos contratos, son necesarios para poder avanzar en el proceso de la transformación digital de la justicia, que precisa esta mejora para poder ofrecer disponibilidad absoluta durante las 24 horas de todos los días del año, con todas las garantías, requisitos tecnológicos y rendimiento necesarios

El Gobierno aprueba el reparto de seis millones de euros entre las comunidades autónomas

Las comunidades autónomas, recibirán un crédito de seis millones de euros con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, destinado a la modernización tecnológica y a la preparación de sus respectivas infraestructuras para mejorar así las comunicaciones electrónicas gracias a la consecución de un sistema de gestión procesal común que agilizará todos los procesos.

Fue el pasado 26 de julio, cuando se aprobó en el Pleno de la última Conferencia Sectorial, la distribución de este crédito, así como los criterios de reparto del mismo, para lo que se ha contado con indicadores como la población de derecho de cada comunidad, la litigiosidad registrada durante el pasado ejercicio y la planta judicial actual, quedando el reparto según se indica en el siguiente cuadro:

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CANTIDAD ASIGNADA SEGÚN POBLACIÓN, LITIGIOSIDAD, PLANTA

Andalucía

22,9%

1.373.650,50

Aragón

3,3%

195.284,82

Principado de Asturias

3,0%

178.691,00

Canarias

6,2%

374.216,00

Cantabria

1,6%

95.866,00

Cataluña

18,7%

1.120.021,00

Comunidad Valenciana

12,9%

774.943,00

Galicia

7,3%

439.135,00

La Rioja

0,8%

45.029,00

Comunidad de Madrid

16,9%

1.011.461,00

Comunidad Foral de Navarra

1,5%

90.006,00

País Vasco

5,0%

299.958,00

Total

100%

5.998.261,32

El objetivo de esta iniciativa es levar a cabo un avance en la necesaria integración tecnológica plena de la Administración de Justicia mediante una mejora en la eficiencia operativa de la gestión procesal. Actualmente son nueve los sistemas procesales, por lo que resulta muy complicado cumplir en toda España con unos principios básicos de coordinación, cooperación y reutilización de soluciones, lo que redunda en una pérdida de la calidad en el servicio prestado tanto a ciudadanos como a profesionales del mundo de la Justicia.

Es por ello, que el Ministerio ha propuesto un sistema de gestión procesal común avanzado tecnológica y funcionalmente, para garantizar la máxima eficiencia y ahorro de costes para todas las administraciones. Con este nuevo sistema, que sustituirá al actual de forma progresiva, se irá incorporando la gestión de asuntos judiciales en formato electrónico, una vez se habilite la entrada automática de escritos y demandas a través de LexNET y la Sede Judicial Electrónica, incrementando así, las funcionalidades necesarias para la tramitación electrónica y la notificación de las partes.

Esta dotación económica tiene como objetivo financiar los gastos e inversiones necesarios para abordar la transformación digital en el ámbito de cada comunidad autónoma a través de una financiación adicional con la que el Estado contribuye al proceso de modernización de la Justicia.

Fuente: Ministerio de Justicia