La profesora del Máster Universitario en Abogacía y Práctica Jurídica de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), María Jesús Navarro Martínez, destaca en su artículo sobre “la presunción de inocencia y los juicios paralelos” que los juicios llevados a cabo de forma popular, ponen en entredicho la presunción de inocencia, llegando incluso a constituir un riesgo para la garantía de tutela judicial.

presunción de inocencia

 Las manifestaciones masivas de apoyo popular a las decisiones de incumplir una resolución judicial consiguen, en muchos casos, atribuir las culpas a una de las partes afectadas sin ningún tipo de rigor ni forma jurídica.  Para evitarlo, la UE ha publicado una directiva que urge a adoptar las medidas necesarias, sin perjuicio de la protección de la libertad de prensa, para garantizar la tutela y defensa de los derechos que puedan resultar afectados.

Este problema, todavía se agrava aún más, cuando algunos o determinados procedimientos penales tienen que ser juzgados por el Tribunal del Jurado dado que el veredicto puede verse claramente influenciado.

La presunción de inocencia en juicios mediáticos

Para María Jesús Navarro, casos tan actuales y mediáticos, como el de Juana Rivas, han centrado el foco en manifestaciones masivas de apoyo popular a su decisión de incumplir una resolución judicial dictada, unido a que como consecuencia de las informaciones emitidas al respecto, la opinión pública ha tomado un claro partido en su defensa, demostrando que, sin atender a la complejidad jurídica del asunto, y calificando como injusta una situación valorada desde el ángulo de una sola de las partes, se ha ejercido desde los propios medios una atribución de culpas y responsabilidades sin tener en cuenta ningún tipo de análisis con rigor jurídico.

“Podrá tenerse más o menos razón desde un punto de vista ético, y finalmente, es más que probable, que el resultado llegue a ser dentro de la legalidad el pretendido y esperado para una de las partes. Sin embargo, no cabe duda de que desde un perspectiva exclusivamente jurídica, en la que no podemos olvidar que deben anteponerse los intereses de los menores y a la que estamos obligados a atender como profesionales del derecho, no debemos limitarnos en nuestro análisis, sin más, a los aspectos meramente subjetivos o periodísticos del caso, sino que la cuestión ha de ser sometida a un  examen mucho más profundo de la situación”, comentó la profesora de la VIU.

Este escenario es muy interesante desde el punto de vista de reforzamiento de las garantías constitucionales, y la aparición de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 9 de marzo de 2016, “que viene a señalar como objetivo principal el fortalecimiento de determinadas garantías consideradas esenciales en el proceso penal, y fundamentalmente, la presunción de inocencia, de modo que se impone a los estados miembros la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar que, cuando se facilite información a través de los medios de comunicación, las autoridades públicas no se refieran a los sospechosos o acusados como culpables mientras no se haya probado con arreglo a la ley la culpabilidad de los mismos”.

En este sentido Navarro, explica que “esto se entiende sin perjuicio del derecho nacional en materia de protección de la libertad de prensa y otros medios de comunicación, lo que supone que habrán de tenerse en cuenta todos los intereses, tratando de conjugarlos, atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En cualquier caso, señala igualmente la directiva que la forma y el contexto en que se divulgue la información no deben crear la impresión de que la persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido probada con arreglo a la ley estableciendo además la necesidad de que deban adoptarse mecanismos jurídicos adecuados para garantizar la tutela y defensa de los derechos que puedan resultar afectados”.

Otros Juicios paralelos de interés público

La Experta de la VIU, ha indicado también que “en los últimos años venimos asistiendo como espectadores a determinadas situaciones en las que se aprecia, con bastante claridad, que el ejercicio del derecho a la información- en ocasiones de forma arbitraria y absoluta- entra en contradicción con la necesaria exigencia de respeto al derecho al honor y a la propia imagen del individuo”.

“A ello contribuye además, sin duda, la enorme presión social ejercida desde los medios de comunicación sobre determinados asuntos mediáticos que, o bien en fase de investigación, o en fase judicial,  provocan un inusitado interés general en la opinión pública, sobre todo, si se trata de algún asunto relacionado con la supuesta comisión de un delito por parte de algún personaje público o “famoso”, como pudiera ser el caso de la Tonadillera, Isabel Pantoja, o sobre sectores especialmente sensibles o vulnerables de la población como pueden ser los menores, y como ejemplo el caso Bretón.

En la mayoría de los casos, y dada la expectación a la que remiten, provocan la aparición de los llamados “juicios paralelos” que, tras la emisión por los medios de comunicación de una información continuada y recurrente sobre unos hechos, junto a la manifestación de ciertos juicios de valor en relación a los mismos, “las personas afectadas acaban apareciendo, ante la opinión pública como inocentes o culpables según el sesgo informativo conferido por dichos medios, trasladando el debate de la cuestión jurídica a un ámbito que no es el judicial, careciendo pues de las garantías legales idóneas”.

Si además, determinados procedimientos penales tienen que ser juzgados por el Tribunal del Jurado, estos problemas todavía se agravan más, dado que el veredicto que éste llegue a emitir puede verse claramente influenciado por las informaciones y las opiniones recibidas de terceros totalmente ajenos y por tanto desconocedoras del proceso judicial llevado a cabo”.

Por otra parte, Navarro, resalta que “la posibilidad de limitar la difusión y divulgación de la información para garantizar la protección del honor y la propia imagen de los investigados o acusados, podría suponer un conflicto con otro derecho fundamental protegido y amparado constitucionalmente como es el de la libertad de información”.

Asimismo, “la publicidad del proceso, y por tanto la posibilidad de facilitar información pública sobre lo que acontezca en el mismo, constituye igualmente un principio procesal que no puede restringirse sino por expresos motivos legales”.

Fuente: Universidad Internacional de Valencia.