España se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea en materia de protección legal y social de los alertadores o whistleblowers, como es el caso de la funcionaria Ana Garrido, según relata un estudio coordinado por FIBGAR que analiza la situación legal, judicial, social y política y la percepción social del papel de estos ciudadanos.

ana garrido

El trabajo, que se lleva a cabo a nivel europeo se plasma en un mapa interactivo, denominado el “Informe País”, donde analiza la legislación de los 28 países miembros para proteger a los ciudadanos que denuncian abusos de poder y políticas lesivas para todos y que muchas veces se ven recompensados con amenazas, despido, desprestigio social y laboral y abandono de las autoridades que más deberían protegerlos.

Para entender el alcance de esto, observemos que dice la definición de “Alertador” o “whistleblower”:

“Un alertador —término cuyo uso no está extendido— también llamado lanzador de alerta o revelador de secretos, define a un simple ciudadano o científico, que trabajando en sectores públicos o privados, se encuentra, en un momento dado, confrontado con un hecho que puede constituir un delito, peligro o fraude, y que está siendo silenciado. El alertador decide entonces dar a conocer este hecho a la sociedad civil, a los medios de comunicación o a los organismos públicos. Proviene del inglés whistleblower (persona que hace sonar un silbato o pito)”

¿Que otros alertadores perjudicados tenemos en España a parte de Ana Garrido Ramos?

En base a este estudio se ha demostrado que los mejores índices de protección a todos los niveles los presentan los Países Bajos, Irlanda o el Reino Unido y son Finlandia y Dinamarca los países que tienen las deficiencias más graves, junto a España que ocupa uno de los últimos lugares de la lista, lo que conlleva que ni siquiera hay una ley que garantice la seguridad de aquellos ciudadanos que velan por nuestro bienestar. Sin embargo, en comparación con otros países europeos, la sociedad civil es muy activa protegiendo y apoyando a los alertadores españoles, como algunos de los más conocidos: Ana Garrido Ramos (la funcionaria que destapó la trama Gürtel), Luis Gonzalo Segura (fichaje militar de Podemos), Azahara Peralta (exingeniera de Acuamed) y Roberto Macías (ex administrativo de UGT en Andalucía).

Precursores del proyecto en defensa de los alertadores

FIBGAR coordina desde marzo 2016 el proyecto “A Change of Direction”, de la Comisión Europea, nacido sobre la necesidad de construir entre los estados miembros un marco de protección que garantice la seguridad de los alertadores en beneficio de la población. Ha costado más de un año producir este informe pormenorizado país por país, ya que hasta ahora no existía una compilación de este tipo y con tal alcance de datos.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón ha gestionado y coordinado el proyecto y tras más de un año de laborioso trabajo de investigación, incidencia política y comunicación, se ha generado un documento sin precedentes: el “Informe País”, con un mapa interactivo y un documento explicativo de cada país que facilita el manejo de datos y su comprensión y que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.changeofdirection.eu/country-facts

El análisis por país es una investigación cualitativa sobre la situación de los diferentes alertadores de los 28 estados miembros de la Unión Europea, en que no solo se analiza la existencia de legislación dedicada a su protección, sino también se tiene en cuenta la legislación laboral y penal, así como otras herramientas legales que pudieran dar soporte a los alertadores, desincentivar las denuncias o poner a los whistleblowers en situación de riesgo. Este trabajo exhaustivo tiene también en cuenta el contexto sociopolítico dentro de cada país.

El mapa ilustra por países la existencia de protección completa o parcial a través de una ley, autoridad competente para otorgar dicha protección, definición legal, iniciativas políticas en trámite, término adaptado al idioma nacional, – ya que resulta difícil hallar un concepto que sea equivalente a whistleblowers en otros idiomas y que a la vez no sea despectivo, – estudio de casos emblemáticos y percepción positiva del papel de estos ciudadanos frente a la población.

 “A Change of Direction” es un grupo internacional de organizaciones no gubernamentales que impulsa la creación de un marco de protección que garantice la integridad general de todos los alertadores que se encuentre no solo dentro de la Unión Europea sino también en sus estados miembros.

Este proyecto parte del reconocimiento dentro del papel en la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, en el fortalecimiento de la democracia a través de la transparencia. El grupo busca dar un tratamiento integral a la problemática a través del análisis de los instrumentos jurídico-institucionales, los procesos de revelación de ilícitos y los distintos contextos sociales de la Unión Europea.

El “Informe País”, que se ha realizado siguiendo los Principios sobre Protección de Alertadores de la organización especializada en libertad de expresión a nivel global “Blueprint For Free Speech”, marca un antes y un después en materia de protección de a estas personas. Otras organizaciones colaboradoras son la Unión Europea, Università di Pavia, Aix-Marseille Université, “Latte Creative” y “Libera”.

Fuente: FIGBAR