La causa se abrió a raíz de una querella presentada por la Fiscalía contra el empresario, al que acusa de obtener un beneficio ilícito de 2,80 millones de euros al incumplir las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada por la compra en 2005 de acciones de la inmobiliaria, que entonces presidía.
La querella de Anticorrupción considera que el empresario «aprovechó este conocimiento reservado para comprar acciones de Metrovacesa por medio de sociedades de las que era beneficiario último (Quimafe y Eusko Levantear)».
Al conocer la presentación de la querella, el empresario rechazó haber usado información privilegiada y se mostró confiado en poder demostrarlo ante el juez, al tiempo que aseguró que el beneficio que le atribuye la querella es un «mero cálculo teórico».
«Ninguna de las operaciones a las que se refiere la información publicada tiene nada que ver con un supuesto uso de información privilegiada, y así se demostrará oportunamente», indicó Rivero.
La querella de Anticorrupción deriva de la investigación de estas operaciones realizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y su ampliación a un presunto delito de blanqueo de capitales sería por «operaciones de movimientos de efectivo y entre cuentas bancarias que resultan compatibles» con estas conductas, según explica el fiscal.
Rivero presidió Metrovacesa desde que su empresa Bami la adquirió en 2002 hasta que en 2007 la familia Sanahuja tomó el control de la inmobiliaria tras la ‘guerra de OPAs’ mantenida entonces por la compañía. En la actualidad, Metrovacesa y Rivero son primer y segundo máximo accionista, respectivamente, de la inmobiliaria patrimonialista francesa Gecina, donde cuentan con una participación del 26,9% y del 16,1%.