La guía deja claro que la UE no impone un modelo particular de organización de los servicios públicos sino que se limita a exigir que la financiación no sobrepase las cantidades necesarias.
Precisa cómo atribuir servicios de interés general a empresas privadas y cómo calcular la compensación, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
El documento detalla las condiciones en las que la prestación de servicios sociales puede limitarse a empresas sin ánimo de lucro.
Resalta que la aplicación de la directiva de liberalización de los servicios no impide a los Estados miembros seguir regulando los servicios sociales para garantizar su accesibilidad y calidad.
Bruselas ha publicado además otra guía destinada a ayudar a los poderes públicos a comprar bienes y servicios de manera socialmente responsable y respetando al mismo tiempo las reglas de la UE.
