P1080370José Antonio Morillo-Velarde lleva más de media vida al servicio de la Administración. Es abogado del Estado y, desde hace dos años, dirige la asesoría jurídica de Puertos del Estado, un organismo que coordina 28 autoridades portuarias que gestionan los 46 puertos públicos que hay en España. Este jurista fue, además, presidente de la Asociación de Abogados del Estado y jefe de la Inspección de los Servicios de este cuerpo, donde llevó a cabo una profunda y exitosa reorganización de la asesoría pública, en la que su nombre ha sido clave para modernizar la institución.

¿En qué casos del sistema portuario está inmerso ahora?
Ahora estamos trabajando muy intensamente  para ver si podemos poner en marcha la autopista del  mar entre Vigo y Nantes. Las autopistas del mar son unas líneas de alta frecuencia marítimas con subvenciones europeas y de cada Estado, que mejoran el medio ambiente y sacan tráfico de la carretera ahorrando tiempo y energía. Esta autopista tenía dificultades de diseño estructural y, cuando comenzó esta legislatura, parecía que iba a ser extraordinariamente difícil que pudiese operar y, sin embargo, llevamos un año trabajando sobre el tema. Este es un ejemplo de para qué puede ser útil el apoyo jurídico porque es un tema muy complicado, con Derecho comunitario, con tratados internacionales… y nuestra tarea como cualquier abogado con su cliente, es facilitarle las cosas y darle los consejos que parecen más adecuados.

¿Ayudan a prevenir crisis?
Todo el trabajo de asesoramiento debe ir dirigido a aconsejar a tu cliente para que alcance sus objetivos de la manera más sencilla y más correcta en Derecho. Hay veces que la crisis te la encuentras ya puesta. Entonces, lo que procuras, es resolverla. En este momento hemos tenido una participación de interlocución importante con el sector de la estiba, de la subida y bajada de las mercancías a los barcos, porque ha habido un dictamen motivado de la Unión Europea que afirmaba que nuestro sistema legal no era compatible con el Derecho europeo, incluso habiendo otros sistemas jurídicos nacionales más incompatibles. También colaboramos desde el punto de vista jurídico en que las tensiones en el mundo del transporte terrestre en su acceso a los puertos, un mundo conflictivo, se resuelvan.

¿En qué se diferencia una asesoría pública de una del sector privado?
No debe haber ninguna diferencia. Un abogado de la Administración no por eso deja de ser un abogado. Es un abogado que tiene un cliente muy especial, que está sujeto al principio de legalidad. La función debe ser exactamente la misma. La mentalidad burocrática, funcionarial, existe pero, en mi opinión, no es la más adecuada para un abogado de la Administración. Un abogado del Estado debe tener como objetivo, como cualquier abogado, asesorar lo mejor posible a su cliente para evitar problemas y si te ves en un pleito, ganar.

¿Resulta difícil como abogado llevarle la contraria al Estado?
Mi impresión es que no. Depende mucho de la posición que ocupe el abogado en la organización y el respeto que le tenga su propio cliente. Y la mejor manera de ganarse el respeto del cliente no es decirle que sí a todo. Al contrario, no eres un buen abogado si sistemáticamente dices que sí. Tu función es decirle: “Quieres hacer esto, pero el camino que has buscado no es el más adecuado. Yo te busco un camino. O no hagas esto porque te va a salir mal”.

Cuénteme en qué consistió la reorganización de la asesoría pública que usted llevó a cabo.
Fui siete años presidente de la Asociación de Abogados del Estado y en el año 2003 me incorporé como jefe de la Inspección de los Servicios de la Abogacía General del Estado. Ahí se hizo un trabajo de 2003 a 2011 bastante interesante. En la Abogacía del Estado hay dos áreas de trabajo definidas: el trabajo legal y el convencional. En el trabajo legal el abogado del Estado es el abogado de la Administración del Estado y de sus organismos autónomos. Ni tú puedes cambiar al cliente ni el cliente, en principio, puede rechazarte como abogado. Pero la Abogacía del Estado tiene un área de trabajo en la que compite con otros bufetes, que son el resto del sector público estatal: sociedades estatales, entidades públicas empresariales, etc. Todos estos organismos, aunque sean propiedad del Estado, pueden elegir un abogado u otro.  Esa es un área de trabajo que se potenció de un modo muy importante, y como estás en concurrencia con otros despachos, lo tienes que hacer mejor que ellos. Tienes que ser igual de ágil o más útil, sobre la base de unos precios competitivos. Se establecieron una serie de pautas para dar el mejor servicio posible, se estableció una relación de bufete-cliente y se incorporaron técnicas novedosas.

¿Y funcionó, se decantaron por los abogados del Estado?
En el año 2003 había en torno a 70 clientes y en el año 2011, cuando yo me fui, había más de 160 clientes. En el año 2003 se facturaron por este concepto tres millones de euros y en el 2011, 16 millones de euros, es decir, se multiplicó por cinco la facturación. Teniendo en cuenta que de ese periodo, cuatro años fueron de crisis. El crecimiento de la facturación fue siempre superior a un 10% anual.

Pero en esos años de crisis, una razón poderosa del cliente para recurrir a la asesoría pública, sería el precio.
No, porque el sector público también padeció. Te encontrabas con entidades que te decían que por favor les cobrases menos o entidades que te decían directamente que no les cobrases nada.

A los despachos privados les costaría competir con eso, ¿no?
La abogacía del Estado funciona exclusivamente por igualas, que es otra particularidad como bufete. Por lo tanto, las cantidades no son inapreciables. Lo que nosotros hicimos fue utilizar unas técnicas de gestión de bufetes y de organización empresarial, no unas técnicas tradicionales de la Administración. Se estableció un sistema de control de calidad. Cada miembro de la organización era evaluado cada seis meses y había un porcentaje de retribución variable: podías ganar mucho dinero o perder mucho dinero en función de cómo lo hicieras. Y eso incrementó la calidad y la dedicación de los miembros del bufete. También se hacían encuestas de calidad a los clientes, que te permitían detectar los problemas inmediatamente. Y encuestas de clima laboral, que yo no sé si en la Administración se han hecho muchas.

¿Qué resultado dio esa encuesta?
En general, estaban bastante orgullosos y contentos de trabajar en la Administración del Estado, cosa impropia de un funcionario. Pero sigue habiendo muchos abogados del Estado que optan por el sector privado. En este momento no tengo acceso a los datos porque he dejado el servicio activo, pero sí tengo noticias de salidas que ya tenían un recorrido de años.

¿Qué razones suele haber detrás de esa fuga? ¿La brecha salarial?
Influyen muchos factores, el económico, el del ambiente que puede haber de la organización, a que haya una cultura de cierta comodidad, a que haya transparencia o no… Yo desde que era presidente de la Asociación de Abogados del Estado en los años 90 tenía claro que era indispensable un umbral económico. Y hasta donde yo sé, pese a la crisis, ese umbral que permite no ganar tanto dinero como en la calle, sino el suficiente para poder vivir cómodamente haciendo lo que te gusta, que es ser abogado del Estado, sí se ha mantenido.

1 Comentario

  1. Como Jurista y a su vez como Abogado del Estado , ¿ Que explicación razonable tiene el que desde 2.010 los Trabajadores de Las Autoridades Portuarias y los el E.P.P.E. comprueben que si bien se les descuenta el 5% del total de sus emolumentos , esta cantidad detraida de sus nóminas sin embargo es Cotizada a la Seguridad Social { Tanto la parte del trabajador el 6,35 % como la parte empresarial prox. al 29% }?.

    ¿Acaso No es un incongruencia mas el que empresas que por Ley son AUTOSUFICIENTES y con unos resultados de rentabilidad positivos en 2.012 cercanos a los 230 millones de €uros, hagan cotizar a sus trabajadores por algo que no perciben y además esas empresas ( Autoridades Portuarias y E.P.P.E. )coticen ellas por cantidades que no se perciben?.

    Lo cual, además lastra la cuentas de Resulyados de dichas empresas al no producirse una aminoración del gasto salarial al realizar esas cotizaciones de dineros invisibles?.

    Otro tanto ha ocurrido con la cotización prorrateada de la Paga de Diciembre , denominada como paga de Navidad, que ha sido cotizada pero no percibida por los trabajadores.

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