Especialización ese parece ser el futuro del arbitraje, lo que según los expertos dota de mayor seguridad jurídica posterior a sus laudos arbitrales. En este contexto no es de extrañar que las empresas usuarias de este método extrajudicial se encuentren con instituciones arbitrales especializadas en temas concretos. Poco antes de su partida hacia la Berlinale, Festival cinematográfico de primera fila que tiene lugar en la ciudad germana, hemos podido conocer  gracias al testimonio de José Antonio Suárez, socio director de Suárez de la Dehesa Abogados  y árbitro de esta institución, algo más de IBERMEDIA, una entidad centrada en la explotación de largometrajes, que en su día creó también su corte arbitral para solventar sus disputas

José Antonio Suárez, Socio Director del despacho, con amplia   experiencia en el sector jurídico, asesora en materia de contratación   audiovisual y de propiedad intelectual a empresas productoras y   distribuidoras, entidades de radiodifusión, organismos públicos   españoles e internacionales y a diversas entidades gremiales   españolas y extranjeras.

Ha   participado activamente en la creación de la Corte de Arbitraje para la   defensa de los derechos audiovisuales en Iberoamérica (Ibermedia), de la que es árbitro

 

Podría resumirnos su trayectoria profesional en el mundo del arbitraje

He intervenido en diversos arbitrajes y mediaciones relacionados, generalmente, con coproducciones internacionales, que es el área de mayor conflictividad. En especial en cuestiones relacionadas con la interpretación del contrato, cuando la película estaba ya en explotación.

¿Cuál es el valor añadido que aporta que IBERMEDIA tenga su Corte arbitral?

Uno de los problemas de audiovisual es que se rige por un conjunto de normas, tanto civiles (derecho de propiedad intelectual) como administrativas (relacionadas con ayudas públicas, nacionalidad) muy específicas, que operan en un entorno empresarial e industrial que tiene sus propias peculiaridades, incluida su propia terminología, y una importante intervención de aspectos técnicos. Especificidades que, por cierto, en muchos casos son poco conocidas. El valor añadido de una corte especializada es que permite poner a disposición de las partes un panel de árbitros que conocen perfectamente tanto el entorno jurídico como el empresarial. 

¿Qué tipo de disputas surgen y cómo se desarrolla su procedimiento arbitral

Como cuestión previa es necesario puntualizar que el audiovisual es un sector empresarial de muy baja conflictividad.  Además, hay una larga tradición de recurrir a sistemas alternativos de resolución de conflictos. Por tradición industrial, ya que en casi todos los países han existido cauces obligatorios y previos a la instancia judicial, y por pragmatismo. El proceso de “fabricación” de una película concentra en muy poco tiempo, en torno a 3 ó 4 meses,  alrededor del 75% del coste y, además, no admite interrupciones. Un conflicto en esta fase es impensable. Y una vez que se ha superado, dado que en buena parte de los casos, clásicos aparte,  la película es un bien perecedero (responde a una demanda muy precisa, y de duración temporal limitada), debe resolverse a través de una mediación o un arbitraje express, aunque siempre dentro del marco formal correspondiente.

Usted, como árbitro de esta entidad,  ¿Dónde está la clave a su juicio de un buen arbitraje; en los árbitros, en la elección de la entidad…?

La gran ventaja del arbitraje en el mundo de la empresa es que permite resolver el conflicto con la intervención decisoria de juristas que conocen el marco jurídico y que entienden cómo funciona el negocio al que afecta. Pero este valor exige un marco procedimental que permita resolver en los tiempos que la sociedad actual demanda, y una institución que garantice la calidad profesional, nivel ético e independencia de los árbitros.

¿Qué opinión le merecen los cambios introducidos en la ley de arbitraje española? ¿Le parece adecuado que coexista con el arbitraje de derecho el de  equidad?

Creo que la Ley ha hecho avanzar la institución, pero las leyes no cambian la mentalidad de los ciudadanos. Los españoles tenemos una inclinación, casi natural, a que sean los jueces quienes resuelvan los conflictos jurídicos.

En buena parte es el reflejo de un prestigio alcanzado por el sistema. Y en muchos casos merecido. Ahora es el turno del arbitraje, al que, sin duda, favorece el desastre sin paliativos que es nuestro sistema de administración de Justicia.  

Y en cuanto al arbitraje de equidad creo que es una institución de baja predictibilidad, por lo que no es adecuada para el mundo de la empresa.

¿Qué debe hacer el nuevo ministro de Justicia para impulsar el arbitraje en nuestro país? ¿Qué espera de la nueva Ley de Mediación?

Quizás lo mejor sería dejarle que evolucione con las menores interferencias posibles. Y que cuando se instituyan arbitrajes en la esfera pública, como es el caso de la Comisión de Propiedad Intelectual, dotarles de los medios necesarios. Y no sólo medios materiales, que la CPI no tiene, sino de medios normativos eficaces.

 En cuanto a la Ley de Mediación creo que, visto que no hay impedimento constitucional, debería ser un trámite previo y obligatorio en algunos tipos de procesos. Aunque nuestra experiencia histórica, salvo en materia laboral, y en este caso por otras razones, no sea favorable.

 En cualquier caso debería ser administrada por expertos, y no por jueces. El fracaso del acto de conciliación y del trámite del artículo 691 de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil, lo avalan. 

 

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