Queda muy poco para que se celebren elecciones en el Colegio de Abogados de Cartagena, una de las instituciones más activas en la lucha contra la ley de tasas judiciales y con más presencia en las redes sociales. El próximo viernes 20 de diciembre, los colegiados de esta institución podrán ejercer su derecho a voto y elegir a su próximo decanato, que tendrá que hacer frente no solo a una crisis económica que no flaquea, sino a varios proyectos legislativos que, directamente, prevén la desaparición del colegio y de los juzgados de esa zona murciana.

José MuelasJosé Muelas Cerezuela es el actual decano de la institución y representa la candidatura continuista, aunque no por ello conservadora. Ademas de ser consejero en el Consejo General de la Abogacía, Muelas es secretario general de la Asociación Murciana de Empresas de Nuevas Tecnologías. Tiene más de 4.000 seguidores en Twitter y para él, la «aplicación inteligente de las nuevas tecnologías» representa una de las claves para ayudar a los sectores de la abogacía que más están sufriendo la crisis. El actual decano sitúa a la futura Ley de Planta como una de las principales amenazas para el sector, defiende con contundencia la colegiación obligatoria frente al Proyecto de Ley de Servicios Profesionales y asegura que lo primero que haría si es reelegido decano sería «redefinir la composición de la cuota colegial y bajarla».

Jesús Giménez No opina lo mismo Jesús Giménez Gallo, socio del despacho Pérez Pardo Abogados y licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia en 2006. Experto en mediación y vicepresidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Cartagena desde 2009 hasta 2012, representa  la candidatura alternativa a la Junta actual y sitúa la transparencia como principio fundamental a impulsar en caso de resultar ganador. Este joven abogado lamenta que su candidatura «parece no haber sido recibida con agrado y tolerancia» y critica la «falta de criterio» seguida para establecer el sistema de voto por correo, así como el desempeño de una «política militante» por parte del Colegio. En cuanto a las cuotas, Giménez considera que «son más que ajustadas» y opina que «lo importante es aprovechar los medios, no ahorrarlos». Asegura que se presenta como candidato «desde la independencia, al contrario de la sensación de oligarquía que viene dando la Junta de Gobierno» y insiste en la importancia de la formación para mejorar la reputación del abogado y la de su colectivo.

A continuación se exponen las respuestas a los temas de actualidad jurídica planteados a ambos candidatos:

Si llega usted a ser decano, ¿Cuál sería la primera medida que impulsaría? 

José Muelas: «La primera redefinir la composición de la cuota colegial y bajarla. Es imperativo reducir las cuotas colegiales en el actual marco de competencia.

Simultáneamente pondremos en marcha dos reformas estatutarias destinadas a que la transparencia y la coparticipación de todos los colegiados se amplíen hasta los máximos legales permitidos. Vamos a afrontar retos inmensos en estos cuatro años y para enfrentarlos con éxito necesitamos de la implicación de todos».

Jesús Giménez: : «La primera estará relacionada con la transparencia, puesto que en mi Colegio se da publicidad a muchas cosas -ya se sabe que somos líderes en las redes sociales- pero existen varias cuestiones oscuras, que afectan además a todos los colegiados.

En la actualidad en la web del Colegio únicamente se encuentran colgados los listados del Turno de Oficio -y no todos-, así que si soy elegido para formar parte de la Junta de Gobierno procederé a recabar y publicar el resto de listados, en los que incluyo los listados de contador-partidor, administrador concursal, etc, para que todos los colegiados conozcamos el estado de esas listas.

En esta línea, es de especial relevancia aclarar a los Colegiados el vínculo del Colegio con la Escuela de Práctica Jurídica de Cartagena, la UCAM o cualquier otra institución en la que muchos colegiados están prestando servicios, y el resto desconocemos las posibilidades de acceso, remuneración, etc.

Es muy difícil entender el hecho de que, a pesar que en la incesante actividad en las redes sociales de nuestro Colegio, no se haya podido durante 4 largos años publicar estos listados y explicar quienes dan clase, con qué criterios y cómo se va a plantear el acceso al profesorado del Master de acceso a la Abogacía, y eso hace más necesaria la explicación. Más aún cuando en mayo de este mismo año el Colegio si que nos circuló las vacantes de las organizaciones internacionales (ONU, OMS, etc.), que en principio parecen de menor interés a los colegiados».

¿Cuáles son los principales problemas que deberá afrontar el futuro decano?

José Muelas: «En Cartagena es imperativo frenar la aplicación del anteproyecto de ley de planta tal y como está redactado en este momento. Nos va la supervivencia en ello.

Hemos de enfrentarnos igualmente a la situación de crisis existente, agravada por la ley de tasas judiciales y otras reformas legislativas; y tendremos que emprender importantes acciones destinadas a aumentar las expectativas profesionales y de futuro de todos nuestros colegiados. Podemos hacerlo ahora que gozamos de un colegio saneado económicamente. No podemos permanecer pasivos en la situación actual viendo cómo la crisis consume al sector».

Jesús Giménez: «Pues lo primero que me he encontrado es la desagradable sorpresa de que mi candidatura parece no haber sido recibida con agrado y tolerancia, dando lugar a unas circunstancias que van a ser puestas en conocimiento de la Junta de Gobierno de mi Colegio durante esta semana.

Además he tenido que evacuar una consulta escrita a la Junta de Gobierno para que aclare el criterio que se sigue en el voto por correo, que fue muy laxo en anteriores elecciones, y a día de hoy (10 de diciembre) no he tenido respuesta, aún cuando advertía en mi comunicación de la importancia de que existan unos criterios claros.
No obstante esto, y como creo en la democracia y estoy convencido del buen hacer y neutralidad de la Junta de Gobierno como tal, aún espero que la respuesta sea suficientemente rápida como para permitir el derecho al voto por correo a mis electores.

Superado este escollo, me gustaría integrarme sin traumas en la Junta de Gobierno, y poder enfrentarnos a los retos que vienen desafiando nuestra actividad profesional desde hace años, y con especial virulencia en los últimos tiempos, me refiero a la crisis económica, el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, las leyes de planta judicial o las tasas judiciales.

Pienso que la formación a nuestros colegiados, y la atención a todos los grupos que se integran en el Colegio, como los abogados especializados en asesoría fiscal, laboral, mercantil, o los procuradores, mediadores, etc., es algo esencial, y que debemos afrontar con determinación.

¿Cómo valora la situación actual de la justicia gratuita y los recortes efectuados en el turno de oficio? ¿Cuáles son sus propuestas para resolver los problemas con la Administración?

José Muelas: «Es inaceptable que un servicio que no supone ni el 1% del gasto en justicia se vea recortado, sobre todo cuando de él depende el acceso a la justicia de amplísimas capas de población. El gasto en justicia de las administraciones es mínimo y de todo el gasto en justicia, el que se hace en justicia gratuita ínfimo. El primer paso es que las administraciones asuman que la justicia gratuita es un derecho constitucional que figura entre las primeras prioridades del estado y no es simplemente un gasto residual y destinen a la misma las partidas objetivamente necesarias. El diálogo con las administraciones implicadas es indispensable en este punto pero siempre desde una indeclinable posición de firmeza».

Jesús Giménez: «El Turno de Oficio es uno de los servicios fundamentales que existe en nuestra sociedad, se habla de la sanidad pública, de las pensiones, y casi nadie se percata de que a diario los Abogados que estamos integrados en el Turno de Oficio, con nuestros propios medios y una escasa compensación por parte de las administraciones, garantizamos el derecho a la tutela judicial efectiva de los más desfavorecidos.

Cualquier recorte es indeseable, pero cuando hablamos de posibilitar el acceso a la fiscalización de las actuaciones privadas y públicas, estamos hablando de la esencia del estado de Derecho, de la separación de poderes, de las garantías que ofrece la sociedad a los ciudadanos. Así que, quien ataca estas libertades no merece solo la oposición de la sociedad y nuestro Colegio, sino la más absoluta reprobación.

Es cierto que los Colegiados de Cartagena desde hace bastantes años no somos de lo que padecemos los retrasos en el pago de la administración al nivel de otros compañeros, tanto como que existe una gran inseguridad en que se mantenga la actual situación.

Asimismo, la retribución es tan escasa que, como he dicho antes, solo los medios propios que empleamos son en muchos casos superiores a lo que meses después se nos entrega por la administración, por lo que nadie puede dudar que el Turno de Oficio es un servicio fundamental, y en muchos casos altruista, que se presta y organiza por los Colegios y sus colegiados del que se beneficia la sociedad en su conjunto, que no debe ser recortado, sino que debería ampliarse ante la situación económica general».

¿Y sobre las tasas judiciales?

José Muelas: «Como es sobradamente conocido estoy absolutamente en contra de la actual ley de tasas judiciales que es, simplemente, anticonstitucional. Nuestro colegio se ha movilizado masivamente contra la ley de tasas y mis reflexiones a propósito de la misma son públicas y conocidas en los distintos medios de comunicación; las he expresado en multitud de foros, el más reciente en el ICAM. He tratado de oponerme a las mismas por todos los medios a mi alcance y lo voy a seguir haciendo con la absoluta seguridad de que esta ley no sobrevivirá mucho tiempo. La movilización de la abogacía española en su conjunto es fundamental. Nadie puede quedar al margen».

Jesús Giménez: «Las tasas judiciales son un reflejo de cómo la política se ha alejado del ciudadano, ahora es tiempo de lobbys, grupos de presión y, sobre todo, grandes empresas.

Lo hemos vivido con los bancos, a los que se ha rescatado con dinero público, a las aseguradoras se les facilita la oposición a indemnizar a las víctimas de accidentes de tráfico con la despenalización de las faltas, hoy se habla de eliminar la deducción por compra de vivienda con carácter retroactivo, y al final todas estas cuestiones a quien afectan directamente es al ciudadano.

Teníamos un sistema de tasas, que eran abonadas precisamente por las grandes empresas, sin que gravaran a los particulares, y se modificó para que sean los particulares, en igualdad con éstas, quienes satisfagan estas tasas.

Esta situación evidencia que quienes mueven la actuación de la clase política son las grandes empresas, en cuyos consejos de administración acaban sentándose nuestros dirigentes con frecuencia.

Las tasas judiciales limitan los derechos fundamentales, puesto que cobran por acceder a la tutela judicial efectiva a los mismos ciudadanos que con sus impuestos mantienen el servicio y, cerrando el círculo de la injusticia más absoluta, ni tan siquiera se destina lo recaudado a mejorar la administración de Justicia o favorecer el Turno de Oficio.

En ese sentido, el pasado día 6 de diciembre se difundió un vídeo en el que el Presidente Rajoy, con motivo del aniversario constitucional, se dirigía a todos hablando del estado de bienestar, y en él no existe ninguna mención a la Justicia, que precisamente es la garantía última del Estado de Derecho.

Es evidente que las tasas alejan la Justicia material y económicamente del ciudadano, y contra eso debemos rebelarnos los Abogados, como parte del sistema, pero sobre todo debemos conseguir que los ciudadanos se percaten de que se está poniendo precio a sus derechos. La propuesta del Anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial está en la misma línea, pues alejaría los tribunales de los justiciables».

¿Qué le parece el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales? ¿Está a favor de la colegiación obligatoria?

José Muelas: «La colegiación obligatoria es una garantía para el justiciable. Esta ley, en su primera redacción, acababa con la justicia gratuita en España al hacer desaparecer los colegios profesionales que prestan ese servicio, desde el Colegio de Cartagena nos opusimos a la misma con la máxima determinación y en unión de otros muchos colegios logramos persuadir al gobierno en este punto».

Jesús Giménez: «Por supuesto que estoy a favor de la colegiación obligatoria, de hecho en estos tiempos en que a nadie escapa el afán de quienes gobiernan por eliminar obstáculos y, como ya he dicho, atender antes a las grandes corporaciones que a los ciudadanos, comprobar que se ataca a los colegios profesionales es muestra de su necesidad.

Los Colegios de Abogados no solo prestan a los ciudadanos y a la propia administración los servicios del Turno de Oficio, sino que son una herramienta útil para defender nuestra profesión y mantener un estándar de calidad. Hace pocos días un periodista me comentaba que en su profesión precisamente echan en falta ese Colegio que les de cobertura como profesionales.

Los Abogados somos los primeros que debemos defender lo que tenemos, puesto que sabemos que la eliminación del Colegio no es una medida liberalizadora, antes bien se trata de aislar a los profesionales, en una profesión en la que además es particularmente enriquecedor el trabajo colectivo, según mi propia experiencia».

¿Qué papel debe tener un colegio profesional como el suyo ante cuestiones sociales o políticas?

José Muelas: «Nuestro colegio no puede desentenderse de las cuestiones sociales y políticas que, en materia de justicia, afectan a nuestros colegiados y a los ciudadanos de nuestro ámbito de actuación. Hemos sido y seremos extremadamente activos en este punto, como por ejemplo en el caso del anteproyecto de Ley de Planta que amenaza con hacer desaparecer el partido judicial de nuestra comarca. No podemos permanecer pasivos cuando se pone en peligro el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos».

Jesús Giménez: «Creo importante distinguir, ante la actual situación de mi Colegio dos vertientes de la política, en cuanto a la política activa y/o militante, ningún papel debemos desempeñar, al contrario de lo que viene pareciendo, otra cuestión distinta es exigir a los políticos en relación con todas las cuestiones que afectan a nuestra labor profesional.

Socialmente podemos ayudar a los desfavorecidos, debemos asesorarlos y no podemos mantenernos ajenos a las corrientes sociales, al fin y al cabo somos sociedad, debemos ser fuente de conocimiento e inspiración para la sociedad, en especial en la actual vorágine legislativa, en que todo el ordenamiento jurídico parece transitorio. Tenemos los medios y los conocimientos para que la sociedad esté informada, y con ella debemos enfrentarnos a esos cambios que en nada la favorecen».

¿Qué cambios necesita el Colegio para adaptarse a los retos a los que actualmente se enfrenta la profesión legal?

José Muelas: «La principal riqueza del colegio son sus colegiados y la enorme inteligencia colectiva que atesora el grupo. Toda esa inteligencia debe ser movilizada a través de normas avanzadas en materia de participación, transparencia y datos y gobierno abierto. Ahora que la situación económica del colegio está saneada es el momento de adelantarnos y aprovechar al cien por cien el inmenso potencial que tenemos a través de esas reformas».

Jesús Giménez: «Los Abogados tenemos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, en gran medida en eso consiste nuestra labor, por lo que no es necesario variar nuestra esencia, y esa es una ventaja que tenemos frente a otros colectivos.

Dicho esto, es tiempo de potenciar las alternativas no jurisdiccionales a la resolución de conflictos para poner en valor nuestro trabajo, tanto en la vertiente de derecho preventivo, como en la resolución más rápida y eficaz que la que ofrece la administración de Justicia, hoy tan saturada.

En cuanto al ejercicio es necesario que el Colegio nos dote de herramientas útiles para el trato con el cliente. En mi caso he tenido la suerte de haber trabajado cara al público en mi etapa de estudiante y, sobre todo, de haber desempeñado mi profesión en un despacho en el que mis compañeros me arroparon desde el principio, pero para la mayoría de compañeros los inicios son más ásperos, y nunca he visto que en el Colegio se ofrezca un servicio relacionado con este aspecto.

Igualmente deberían ofrecerse servicios relativos a la gestión y administración de despachos, pues en la actual situación económica no vendrían mal a los colegiados algunas nociones empresariales, para optimizar nuestra labor.

Todo ello tendente a servir a los Colegiados por encima de otros intereses y cuestiones, pues el Colegio debe ser una herramienta útil para los que lo formamos».

¿Cree que los diputados de la Junta de Gobierno deben cobrar por ejercer su cargo?

José Muelas: «No. Jamás. Ni el decano ni ninguno de los diputados cobran en este momento y en mí colegio así debe seguir siendo. Nuestro objetivo es reducir gastos. Los abogados a los que admiro no miden su éxito en dinero y no creo que sea el dinero el motivo que deba impulsar a un colegiado a servir a sus compañeros como miembro de la junta. Si el trabajo es grande hay formas de distribuirlo de forma que se ejecute en régimen de participación y transparencia. No es el momento de establecer sueldos, es el momento de ayudar».

Jesús Giménez: «No, y además es una cuestión que me resulta incluso desagradable cuando lo parece.

Pienso que todos debemos pertenecer en algún momento a la Junta de Gobierno, he comprobado que en todos los ámbitos sociales la ilusión de quienes se involucran genera movimiento, y esa fuerza es la que hace mejorar las instituciones y la sociedad.

Más aún, tratándose de nuestra profesión todos debemos arrimar el hombro, cada uno en el momento que crea oportuno, y si conseguimos que esta participación fluya seremos mejores, y no hará falta plantear la pregunta sobre la remuneración».

¿Tiene previsto bajar las cuotas colegiales?

José MuelasYa las hemos bajado en estos cuatro últimos años y es una de las primeras cosas que volveremos a hacer tal y como dije al principio. El colegio no es una institución financiera de forma que, una vez saneado económicamente y libre de déficits, lo que procede es bajar las cuotas para hacer más competitivos a nuestros colegiados y aliviar la situación de crisis que estamos viviendo.

Jesús Giménez: «Con franqueza, no. A mi entender la cuota que vengo abonando desde que me colegié en 2006 es más que ajustada, nunca he pagado más de 36 €/mes, ahora mismo pago 30 €/mes, y no me preocupa, como me consta sucede con la mayoría de nuestros colegiados, pagar 3 € más o menos al mes, sino el destino que se da a nuestro dinero.

Lo que si debemos conseguir es que las cuotas se correspondan con los servicios, y que cuando exista superávit este no se use para vanagloriarse de él, sino para continuar sirviendo a los Colegiados, de nada sirve tener miles de euros en la cuenta y que a los colegiados se nos cobre por emitir un certificado, que haya compañeros que no tienen toga en la sala del Palacio de Justicia para celebrar el Juicio o que nuestras administrativas, que efectúan una labor que todos reconocemos por su profesionalidad y dedicación, estén saturadas de trabajo. Lo importante es aprovechar los medios, no ahorrarlos».

¿Qué medidas prevén llevar a cabo para ayudar a los sectores que están sufriendo más la crisis como los abogados jóvenes o los que tienen experiencia pero han perdido muchos clientes?

José Muelas: «Nuestros colegiados más jóvenes gozan de ventajas que la actual junta de la AJA ha sabido poner en marcha en sintonía con la Junta de Gobierno. Pero esto no es más que un paliativo. Hemos de operar en todos los espacios posibles de resolución de conflictos y actuar en todos ellos de forma creativa, generando así para nuestros colegiados nuevas oportunidades profesionales y de futuro; a tal fin hemos constituido ya una Institución Mediadora y una Corte Internacional de Arbitraje, pero aún así hemos de ir más lejos. Una aplicación inteligente de las nuevas tecnologías debe permitirnos establecer mecanismos de resolución de conflictos más baratos, más rápidos y de mayor calidad que los de los propios tribunales de justicia. Este reto, que parece casi utópico, es perfectamente posible y no debe suponer un costo económico sensible para el colegio, pues puede lograrse simplemente reutilizando y reorganizando herramientas con las que ya contamos. Nuestra riqueza es el conocimiento de nuestros colegiados y ese es el capital que invertiremos».

Jesús Giménez: «El Colegio debe intentar ser transparente, ofrecer a la sociedad una buena imagen, adecuada y actual, y con ello situar a los Abogados en el lugar que nos corresponde, y no en el que humoristas y percepciones sesgadas de nuestra profesión nos han situado.

Esto se consigue con formación, más allá de lo que proyectemos en las redes sociales, puesto que el Abogado hace su reputación y la del colectivo en su prestación de servicios a los clientes, y esta debe ser la mejor posible.

Una vez tengamos esa imagen de marca, tan importante en estos tiempos, los ciudadanos y empresas acudirán más a nosotros, y pienso que es muy importante concienciar a la sociedad de la importancia de la consulta al Abogado antes de obligarse en cualquier contrato, puesto que con esa simple y poco costosa visita podrían evitarse muchos litigios y problemas posteriores. Incluso podríamos establecer sistemas económicos de acceso a nuestros servicios de asesoría para aquellos que los demanden, pero se trata de cuestiones que creo podremos perfilar en la Junta de Gobierno si finalmente los compañeros consideran que debo ser yo el Decano».

¿Cuáles cree que serían las principales diferencias entre su candidatura y la de su competidor? Dicho de otra forma, ¿Qué puede usted aportar al colegio que no pueda aportar su rival?

José Muelas: «En primer lugar la experiencia que han supuesto estos cuatro años en defensa del colegio, donde hemos tenido que hacer frente a reformas legales que suponían directamente nuestra desaparición como corporación. Las hemos enfrentado y hemos salido airosos. Nunca en mis 25 años de ejercicio había visto tan cercana la posibilidad de que nuestro colegio desapareciese pero, al mismo tiempo, esos 25 años me han permitido vivir y conocer cómo ha cambiado la profesión y cómo debemos defenderla.

En segundo lugar el conocimiento especializado en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la defensa de nuestra corporación; hemos ganado un grado de influencia importante en este campo con campañas y actividades meticulosamente planificadas. Han sido absolutamente gratuitas para el colegio pero han rendido frutos muy importantes para todos los colegiados. Muchas no se conocen pues aún están marcha pero otras son ya de dominio público.

En tercer lugar una visión abierta, moderna y transparente de lo que debe ser un colegio profesional en el siglo XXI; respetuosa con nuestro pasado pero consciente de que se nos abre un impresionante futuro de oportunidades que debemos aprovechar con creatividad e ingenio».

Jesús Giménez: «Pues mi visión del ejercicio de la profesión en Cartagena desde el año 2006 hasta al actualidad, la cuál no entiendo sin el carácter colectivo. Me he hecho abogado en una difícil situación económica que todavía perdura, y lo que pretendo es que mi Colegio se ocupe de los profesionales que desempeñamos nuestra labor en esta ciudad ahora, y lo haga desde la visión de conjunto y amplitud de miras.

Además me presento desde la independencia, al contrario de la sensación de oligarquía que viene dando la Junta de Gobierno, donde parece que únicamente se puede acceder siguiendo los cauces establecidos, y considero especialmente importante que quien sea elegido Decano no comulgue con ese sistema, pues ya he dicho que no me gusta la política como se entiende en la actualidad, y no entiendo el Colegio como herramienta publicitaria, salvo que lo sea de todos los colegiados.

En otras ocasiones he podido argumentar el porqué pienso que el poder judicial es el último reducto que nos queda, y la plena confianza que tengo en los Jueces y Magistrados, como la tengo en la labor de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero ello no es óbice para conocer que a diario pueden suceder cuestiones por el anormal funcionamiento de estas instituciones que afectan a nuestra profesión, en las que el Colegio debe ser nuestra voz para la crítica, y muchos compañeros pensamos que hace tiempo que el Colegio no actúa de esa manera».

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