Juez-escribirLa asociación de Jueces para la Democracia ha demandado al Consejo General del Poder Judicial y al ministerio de Justicia ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por la falta de prevención de los riesgos laborales a los que están expuestos los jueces, especialmente por la sobrecarga de trabajo que soportan.

La demanda de conflicto señala que los jueces y magistrados son prácticamente el único colectivo de empleados públicos que se encuentra “en la más absoluta desprotección” ya que el ministerio de Justicia y el CGPJ han incumplido su obligación y compromiso de adoptar medidas de protección adecuadas y a día de hoy aún no cuentan con una evaluación de riesgos y de planificación de la actividad preventiva.

En 2010, el CGPJ y el ministerio suscribieron el “Convenio para la Creación y Seguimiento de un Sistema de prevención de Riesgos Laborales y de Vigilancia de la Salud de los Miembros de la Carrera Judicial”. Desde entonces, la Comisión de seguimiento de este convenio no se ha reunido ni una sola vez.

Aunque en 2011 el CGPJ aprobó un reglamento dónde se reconocía el derecho de jueces y magistrados a la salud en el ejercicio de sus funciones y se emplazaba a si mismo a realizar actuaciones para preservarlos, actualmente aún carece de las herramientas o medios para llevar a cabo ningún tipo de acciones en este sentido, denuncia JpD.

Otros intentos de protección del colectivo, como la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial, no han logrado avances a pesar de haber inisitido reiteradamente en la necesidad de crear un plan de prevención de riesgos laborales.

Esta falta de protección es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que según el informe del CGPJ “Órganos que sobrepasan el 150 % de la carga de Trabajo. Datos a 31/12/2013”,el 43,53% de los Órganos Judiciales superan el 150 % de la carga máxima que deberían soportar. En este sentido, JpD denuncian que no se ha implementado ninguna prevención “pese al tiempo transcurrido y a las graves circunstancias que concurren en la actividad laboral de Jueces y magistrados en especial a raíz del fuerte incremento de su actividad tras la crisis económica y también en atención a los continuos cambios en buena parte de las Leyes Procesales que han ido incrementando esa carga de trabajo fácticamente, exponiéndoles a un evidente riesgo”.

Dada la situación, en la demanda se solicita que se declare que el CGPJ y el ministerio han incumplido su obligación de evaluar los riesgos y elaborar un plan de protección de riesgos laborales de jueces y magistrados; que se les condene a realizar la evaluación y el plan y que se les inste a adoptar inmediatamente medidas para que los jueces y magistrados no soporten cargas de trabajo que superen  los módulos de productividad que estableció en su día el CGPJ.