Las distintas asociaciones de jueces y fiscales agrupadas en la Comisión Interasociativa en Conflicto siguen en desacuerdo con las medidas legislativas impulsadas por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, con el que mantuvieron una reunión este lunes.
Una vez más, ambos colectivos exigieron más inversión pública en materia de Justicia, la derogación de la ley de tasas o la reforma de la Ley del Indulto, entre otras medidas.
Según explicó el ministro de Justicia, las demandas tuvieron lugar en un «diálogo amable y sin rencores retrospectivos» aunque representantes de las cuatro asociaciones de jueces y de las tres de fiscales no quisieron valorar positivamente el encuentro dado que Gallardón «no se ha comprometido a asumir ni una sola reivindicación», dijeron. Por ello, explicaron que discutirían nuevas medidas de protesta, entre las que no descartan otra huelga, y aseguraron que trasladarán su preocupación sobre la independencia del Poder Judicial en el ámbito internacional.
En este sentido, jueces y fiscales decidieron solicitar una entrevista a la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, a quién pretenden explicar los detalles de la futura reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que consideran un «peligro» para la independencia judicial.
«No puede ser que todos nos equivoquemos», dijo el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, quién lamentó que el ministro no rectifique medidas como la aplicación de las nuevas tasas judiciales o la supresión de 1.200 jueces sustitutos. Del mismo modo se había pronunciado unos días antes el magistrado y miembro de la misma asociación, José María Fernández Seijó, en una entrevista concedida a este diario, en la que aseguró que con 1.200 jueces menos «la posibilidad de atender a la gente en un tiempo razonable se diluye» y en la que afirmó que «Gallardón está más preocupado por gestionar su futuro político que por gestionar las necesidades de la Justicia».
Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, criticó la «politización interesada» dirigida a impedir que los jueces «controlen la actividad política por vía de delitos de corrupción o cohecho» mientras que Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, abogó por que todos los vocales sigan ejerciendo su cargo «a tiempo completo y sin simultanearlo» con sus funciones jurisdiccionales.
