ministerioEl director general de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Joaquín José Rodríguez Hernández, dio carpetazo este martes a las críticas que ha suscitado entre notarios y registradores el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que entrega la gestión del Registro Civil a los registradores, afirmando que “no es una ley para la pelea” entre ambas profesiones. “Si se entiende que la llevanza del registro por los registradores es un ataque al notariado es no entender la ley”, zanjó Rodríguez en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y La Ley/Wolters Kluwer.

Sobre la supresión del recurso gubernativo que se incluye en este anteproyecto que, como recalcó “no es un borrador cerrado y está aceptando muchas sugerencias de las que se están haciendo”, el director general de los Registros y del Notariado aseguró que las denuncias que ha traído consigo esta decisión se resumen en “una pelea de colegio”, una vez más, entre los dos colectivos. “No son críticas fundadas”, declaró, añadiendo que notarios y registradores “no han terminado de entender qué es lo que se pretende y cuáles son las ventajas para la sociedad de esta reforma”.

Con la misma decisión atacó a las voces que afirman que con esta reforma se pretenden privatizar los registros públicos. “Sería como decir que la función notarial está privatizada por la llevanza por los notarios del protocolo notarial, cuando no es así porque es propiedad del Estado”, opinó.

A este respecto, Rodríguez insistió en el carácter dialogante del Gobierno, asegurando que  el Ministerio de Justicia “ha aceptado más de 80 sugerencias” provenientes del Consejo General del Notariado y que, gracias a este proyecto de ley, a estos fedatarios “se les atribuyen muy importantes funciones como la autorización de separaciones y divorcios, y la tramitación de los expedientes de concesión de nacionalidad”.

El director general de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia anunció que con esta reforma las bodas civiles que hasta ahora eran oficiadas por un juez y no conllevaban coste alguno al ciudadano, pasarán a ser competencia de los notarios, aportando los cónyuges una cantidad inferior a los 90 euros. Los certificados de nacimiento y defunción, que suponen entre el 80 y el 90% de la actividad de los registros, seguirán, sin embargo, siendo gratuitos.

Rodríguez alabó este nuevo diseño que, según defendió, mejorará la eficiencia del Registro Civil y supondrá un “importante ahorro” a la Administración de un servicio que cuesta al ciudadano alrededor de 450 millones de euros.