El experto en arbitraje y derecho internacional y expresidente del Bar of England and Wales (Colegio de abogados de Inglaterra y Gales), Lord Daniel Brennan, aseguró ayer  en Santander que España tiene que crear un “sistema de compensación” para las víctimas de los “juicios paralelos”.

En su opinión, en todos los países existen “casos terribles” en los que personas inocentes son juzgadas antes por los medios de comunicación que por la Justicia y, por ello, cree que “es necesario” crear un sistema que sancione los “errores judiciales graves o la persecución de los medios de comunicación en determinados casos”. “Existe una convención internacional sobre este tema y creo que España podría aplicarla”, comentó.

Así lo señaló en una rueda de prensa celebrada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con motivo de su intervención en el encuentro ‘La presunción de inocencia y los juicios paralelos’ en la que también participaron el presidente y la directora de la Fundación Fernando Pombo –institución coorganizadora-, Joaquín García-Romanillos y Carmen Pombo, respectivamente.

Para Brennan, en el caso de que un medio de comunicación tenga que “pagar” por un pleito de difamación, “el periódico incurrirá en los costes” y los periodistas “con su reputación”. Según el abogado consejero de la Corona Británica, los sistemas de compensación son fundamentales porque trasladan el mensaje de que “en este país no vamos a permitir una injusticia sin aportar una solución”.

En esta misma línea, el presidente de la Fundación Fernando Pombo se mostró partidario de seguir un sistema “parecido” al de países como Francia o Alemania en los que cuando un medio de comunicación hace pública una información que es “secreto de sumario” se sanciona al medio y no se investiga sobre “cómo ha obtenido el periodista esa información”.

Por su parte, Carmen Pombo recordó durante su intervención que la institución que dirige se constituyó con el fin de actuar en defensa del estado de derecho, así como en la promoción de los valores humanos y democráticos. “Queremos fomentar en el sector de la abogacía la responsabilidad social, la superación, el rigor y la generosidad”, añadió.

Sanciones para medios de comunicacion

Juristas internacionales han reclamado este mediodía en una mesa redonda del encuentro “La presunción de inocencia y los juicios paralelos” que se sancione a los medios de comunicación que traspasen los límites éticos en procesos judiciales. Durante el encuentro, que se lleva a cabo en Santander hasta mañana viernes y está organizado por la Fundación Fernando Pombo y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Lord Daniel Brennan, Queen Counsellor y expresidente del Bar of England and Wales,  ha reclamado responsabilidad y sanciones reales para los medios de comunicación que incumplen los códigos éticos y les ha acusado de utilizar la “excusa del interés público” para utilizar cualquier medio, legal o no. Lord Brennan, que ha criticado la falta de objetividad de los medios españoles y la sobreexposición a los medios de comunicación que tiene la Justicia a escala global, ha señalado que la Justicia tiene varios problemas, entre ellos, “la lentitud, la dificultad del lenguaje, la claridad de las sentencias y los errores graves de investigación”.

En este sentido, el socio del despacho de abogados Finers Stephens y Commander of the Order of the British Empire (CBE), Mark Stephens, subrayó los detalles del escándalo de las escuchas telefónicas de periodistas y medios de comunicación a personajes públicos del Reino unido, entre los que él se encontraba, ha señalado que en el Reino Unido “no necesitamos que se dicten nuevos reglamentos para sancionar a los que traspasan los límites, necesitamos que se cumpla la Ley y que los periodistas vean que si realizan actividades no legales tienen el riesgo de ir a la cárcel”.

Por su parte, la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona, Laurence Burgorgue-Larsen, explicó que en Francia la divulgación de un crimen en fase de instrucción sin permiso judicial comporta una pena de cárcel dos años y de cinco si es organizado. Burgorgue-Larsen, que ha criticado el criterio preeminente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de la información respecto a la presunción de inocencia, ha comentado que en su país está prohibido con pena de prisión divulgar documentos judiciales antes de su lectura en audiencia pública.

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