Como continuación a la serie de artículos sobre Mediación que iniciamos hace unos meses, y a modo de debate previo al VII Congreso Internacional del Club Español del Arbitraje que se ha celebrado en Madrid entre los días 24 y 26 de junio, durante los últimos días hemos contado, a través de la magnífica tribuna que nos ofrece Diario Jurídico, con profesionales de primera línea de los Despachos más importantes de España para analizar, desde diferentes ópticas, la situación actual del Arbitraje en nuestro país.

A todos ellos les doy las gracias tanto por el esfuerzo dedicado como por su generosa aportación de valor a este debate, que contribuye a la difusión de conocimiento sobre los medios alternativos de resolución de disputas.

Durante estos días hemos conocido un poco más sobre la evolución del arbitraje en nuestro país, profundizando en aspectos como la independencia e imparcialidad de los árbitros, la situación actual de las Cortes Arbitrales, la necesidad de controlar la calidad los laudos o la uniformidad de los reglamentos de arbitraje, entre otros aspectos.

Los profesionales del arbitraje han dejado claro en esta serie de artículos las ventajas del desarrollo y consolidación de este mecanismo como principal alternativa para la resolución de litigios en  las empresas. A día de hoy contamos con una Ley moderna; una judicatura que apoya al arbitraje; excelentes profesionales; Cortes de arbitraje profesionalizadas que pueden mirar ya sin complejos más allá de nuestras fronteras; y un futuro asegurado, como lo demuestra el creciente interés de los jóvenes profesionales y también por los universitarios por todo lo que tiene que ver con este método de resolución de disputas.

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que existen aún importantes obstáculos para una implantación plena y efectiva del arbitraje en nuestro sistema jurídico. En primer lugar, y desde el punto de vista de las personas físicas y jurídicas, el principal obstáculo es el desconocimiento. Que las empresas y los ciudadanos no conozcan la existencia de estos métodos alternativos, cómo funcionan, cuál es su utilidad real y el valor añadido que generan, supone una importante pérdida de valor competitivo.

Junto a esto, y desde una óptica puramente profesional, los que participamos del arbitraje sabemos que aún tenemos que luchar frente a la desconfianza que en muchas ocasiones se genera respecto a la imparcialidad e independencia de los árbitros; al evidente exceso de instituciones y Cortes arbitrales en España; y a la escasez de profesionales con experiencia y reconocimiento internacional en la materia.

En un entorno de mercado caracterizado por el conflicto, originado por la internacionalización de las organizaciones, la tensión competitiva, el incremento de la presión normativa o el aumento de los casos de fraude, la resolución de conflictos de una forma ágil y económica es clave para el desarrollo de la actividad. El arbitraje, como hemos podido ver, se encuentra en uno de los mejores momentos, y no se ha frenado con la crisis, adaptándose a un escenario en el que la contención en el gasto y la agilidad de respuestas son ahora más necesarias que nunca.

Agradezco de nuevo a todos los profesionales que han colaborado con sus aportaciones el haber hecho posible esta iniciativa, a Diario Jurídico el espacio que nos brinda para la importante labor de difusión de conocimiento en torno a los métodos de resolución de disputas, y a los lectores por su seguimiento.

Esperamos que esta nueva serie de artículos les haya resultado útil e interesante.