YúferaAnte el anuncio hecho por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de rebajar y suprimir algunas de las tasas judiciales estatales, que oscilan entre 50 y 800 euros, la Abogacía Catalana considera que hay que ver si se trata de una modificación real o sólo un anuncio para evitar un recurso de la Defensora del Pueblo al TC.

El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) y decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Pedro L. Yúfera, considera que el anuncio es insuficiente y exige la derogación definitiva de las tasas judiciales. El presidente de la Abogacía Catalana recuerda, una vez más, que las tasas judiciales suponen un obstáculo en el acceso de los ciudadanos a la justicia y denuncia que “se está legislando a toda prisa, a golpe de noticia o reclamo, según lo que interesa en cada momento, sin llevar a cabo el análisis jurídico reflexivo que requiere cada caso o incluso sin escuchar a los expertos en la materia que hacen las propuestas en defensa de los intereses de los ciudadanos”.

Yúfera también ha destacado que “desde la Abogacía Catalana seguiremos trabajando para conseguir la supresión definitiva de las tasas judiciales porque no podemos permitir que los ciudadanos vean obstaculizado el acceso a la justicia”. Por ello, la Abogacía Catalana apoyará la convocatoria de huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales del próximo 20 de febrero como señal de protesta por el establecimiento de tasas judiciales.

Más de once mil firmas recogidas por la Abogacía Catalana contra las tasas

El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana entregó, el pasado 31 de enero, al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, un total de 11.399 firmas recogidas por los catorce Colegios de Abogados de Catalunya contra la Ley de tasas judiciales. Una vez analizada la Ley, el Síndic se ha dirigido al Defensor del Pueblo para solicitarle que lleve a cabo las actuaciones adecuadas, entre las que destaca la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de tasas judiciales.

A mediados de enero también presentó un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial que regula el pago de las tasas judiciales previstas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. En el recurso, el Consell de l’Advocacia Catalana solicita la suspensión de la aplicación de la Orden Ministerial por considerar que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.