Captura de pantalla 2013-02-18 a las 09.45.40Por Rosario Rodríguez Guerrero, Abogada 

El articulo 6. de la Constitución de 1978 configura los partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política Existe así un reconocimiento expreso en nuestra norma fundamental de la relevancia de los mismos, en tanto son expresión del pluralismo, y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular.

La primera referencia que tenemos de la financiación de los partidos políticos la encontramos en el artículo sexto de la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, donde se establecía que en los Presupuestos Generales del Estado se consignarían anualmente la cantidad destinada a los mismos.

Después de diversas regulaciones es la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio la que posibilita la financiación privada con algunas limitaciones.

La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio expresa, en su exposición de motivos, que la financiación de los partidos políticos tiene que corresponder a un sistema mixto que recoja, de una parte, las aportaciones de la ciudadanía y, de otra, los recursos procedentes de los poderes públicos en proporción a su representatividad como medio de garantía de la independencia del sistema, pero también de su suficiencia. Estas aportaciones privadas pueden proceder, tanto de personas físicas como jurídicas pero con unas limitaciones: que no contraten con las administraciones públicas , que sean públicas y que no excedan de unos de límites razonables y realistas.

En estos tiempos que vivimos de profunda crisis económica ha habido muchas voces que abogaban por una reforma de la ley de partidos, se estimaba insuficiente en lo que se refiere a la regulación de la fiscalización y control de la financiación y se demandaba un recorte de las ayudas del Estado que los partidos políticos reciben anualmente.

En este contexto se ha llevado a cabo la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre que reduce para el año 2012 en un 20 por ciento la cuantía de las convocatorias públicas de subvenciones a las asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos políticos respecto al ejercicio 2011.

Esta ley introduce una mayor transparencia en materia de financiación y pretende acabar con abusos como la condonación de deudas a los partidos políticos por las entidades financieras. Así impide que las entidades de crédito condonen más de 100.000 euros al año de la deuda que tiene contraída un partido político, cantidad que incluye tanto el principal como los intereses pactados.

Además, amplia el número de sujetos que no pueden financiar los partidos ni las fundaciones y asociaciones vinculadas a éstos. A partir de ahora no pueden aceptar donaciones procedentes de fundaciones privadas, asociaciones y entidades que reciben subvenciones de las Administraciones públicas o cuyo presupuesto contenga aportaciones públicas.

Así, no sólo se prohíbe que los partidos políticos acepten donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, sino que esta prohibición se extiende a empresas pertenecientes al mismo grupo, a empresas participadas mayoritariamente por aquellas y a sus fundaciones.

Principio de transparencia y garantía del Tribunal de Cuentas

Con periodicidad anual, el Tribunal de Cuentas realiza los informes de fiscalización de la actividad ordinaria de los partidos políticos, así como los informes de todos los procesos electorales celebrados, sean elecciones generales, autonómicas, locales o relativas al Parlamento Europeo.

Con esta reforma se refuerza los mecanismos de fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como señala la exposición de motivos de la esta Ley “ el mejor antídoto contra la financiación irregular es el refuerzo de los mecanismos de control y la potestad sancionadora del supremo órgano fiscalizador y de enjuiciamiento de la responsabilidad contable de quienes tienen a su cargo el manejo de caudales público. Ello, unido a la adopción de un conjunto de medidas de transparencia que contribuyen a mejorar el control de la adecuación de los ingresos y gastos de los partidos políticos al ordenamiento jurídico y a robustecer la calidad del sistema democrático español.

Las modificaciones en este sentido han sido:

– La obligación de los partidos políticos de hacer públicas, preferentemente a través de su página web, el balance y la cuenta de resultados y, en particular, la cuantía de los créditos que les han sido concedidos, el tipo de entidad concedente y las condonaciones de deuda correspondientes a tal ejercicio.

– Darán cuenta al Tribunal de Cuentas y al Banco de España de los acuerdos respecto de las condiciones de la deuda que mantengan con entidades de crédito de conformidad con el ordenamiento jurídico.

– Notificarán las donaciones superiores a 50.000 € y la de bienes inmuebles en el plazo de tres meses.

– Se configura al Tribunal de Cuentas como el órgano responsable de la imposición de sanciones por infracciones muy graves derivadas del incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en lo que respecta a los gastos electorales y se establece el plazo de 4 años para la prescripción de las mismas

Las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos se someten a los mismos mecanismos de fiscalización y control y al mismo régimen sancionador que los partidos políticos.

Esperamos que el fortalecimiento de las funciones fiscalizadoras del Tribunal que Cuentas que introduce esta reforma permita una mayor transparencia en la financiación de los partidos políticos. No obstante, queda una asignatura pendiente, que es la de agilizar ese control. El retraso en la fiscalización de la formaciones políticas por parte del Tribunal de Cuentas ha generado numerosas críticas en los medios de comunicación, teniendo que salir al paso recientemente este tribunal, a través de una nota de prensa para justificar esa “falta de transparencia” que se le atribuía en la aprobación y publicación de los informes referidos a la contabilidad ordinaria de los partidos. Ejemplo de ello es la aprobación en la sesión del 29 de marzo de 2012, del Informe de Fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente correspondiente al ejercicio 2007.

Este retraso fue reconocido públicamente por el propio Presidente del Tribunal de Cuentas en comparecencia parlamentaria.

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