La abogacía catalana, representada por los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, ha mostrado su indignación y rechazo al anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita aprobado el pasado viernes 11 de enero por el Consejo de Ministros y ha lamentado que se utilice la justicia gratuita para justificar la aprobación de la ley de tasas estatal.

El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana y decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Pedro L. Yúfera, ha lamentado «la falta de diálogo del Ejecutivo español con los colegios profesionales» que en última instancia «son los que gestionarán el servicio del turno de oficio y las demandas reales de los usuarios que tienen derecho a la justicia gratuita».

La abogacía catalana alerta también que la nueva ley no da respuesta a algunos de los principales problemas derivados de la gestión de la justicia gratuita, como es el abono puntual de las actuaciones realizadas por los letrados además del de garantizar unas retribuciones adecuadas a los abogados inscritos en el Turno de Oficio, que en Cataluña representan el 25% de los abogados en ejercicio. El CICAC apunta que estas retribuciones han sido recortadas en los últimos años, «a pesar de las reivindicaciones históricas de la abogacía catalana».

Si bien es cierto que la nueva ley amplía el acceso y el número de colectivos que podrán acceder, desde la abogacía catalana se rechaza que «se utilice la justicia gratuita para justificar la aprobación de la ley de tasas estatal, cuando en realidad esta anteproyecto sigue dejando sin cobertura a una gran cantidad de ciudadanos que verán obstaculizado su acceso a la justicia». Yúfera también ha puesto en entredicho la financiación de la justicia gratuita «con la actual limitación de los recursos económicos y la imposición de tasas abusivas, que serán un freno a la interposición de procedimientos judiciales». Y ha añadido: «No queda tan claro que no sean los abogados los que volver a sufrir nuevos recortes para el mantenimiento de todo el sistema. Tampoco se adjunta ninguna memoria económica que acredite su viabilidad”.

Los abogados catalanes se oponen a que determinados colectivos tengan derecho a la justicia gratuita independientemente de su renta. Yúfera cree que «si alguien no tiene suficientes recursos económicos no debe ver obstaculizado el acceso a la justicia, pero no sería justo que quien puede pagarla lo sea subvencionado por una ciudadanía que ya está bastante ahogada por la situación económica”.

La abogacía catalana afirma que «se ha perdido la oportunidad de racionalizar y simplificar la tramitación de la justicia gratuita ya que se incrementa la burocratización y se mantiene un sistema que duplica las funciones entre los Colegios y la Administración, aunque 16 años de vigencia de la ley demuestran que es innecesario en confirmarse más del 95% de las resoluciones emitidas por los Colegios».

Yúfera también añade que la nueva ley de justicia gratuita conlleva una «centralización del sistema». «Se invaden las competencias autonómicas y se priva tanto a los Colegios de Abogados como a las Administraciones Autonómicas a adaptar su funcionamiento a las necesidades reales de su ámbito territorial». En este sentido, asegura que estudiará medidas y acciones concretas para que los intereses de los colegiados se reflejen finalmente en el texto de la Ley de Justicia Gratuita.

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