La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, va a presentar un recurso contencioso administrativo para impugnar la orden ministerial HAC/277/2019, de 4 de marzo solicitando su suspensión, por no permitir la presentación de la declaración de IRPF en papel. Los asesores fiscales se oponen así a la merma de los derechos de los contribuyentes y el desamparo al que estiman que quedan expuestos al menos 350.000 ciudadanos, cifra correspondiente a las declaraciones del ejercicio 2017 presentadas en papel en la última campaña.

José Ignacio Alemany, presidente de AEDAF considera que, al imponer esta medida que convierte el derecho a relacionarse con la Administración por medios electrónicos en una obligación, la AEAT está incurriendo en una injusticia: “contribuir es una obligación y se debe, especialmente en las personas mayores, facilitar su cumplimiento sin complicarle aún más la vida al contribuyente. Hay perfiles de contribuyentes que no están familiarizados con las nuevas tecnologías, por ejemplo, algunas personas mayores, y esta medida les causa confusión y desconcierto”.

Además, según AEDAF, la transformación digital no ha alcanzado aún todas las regiones de España. “Hay zonas de nuestro país en las que Internet aún tiene bajas tasas de penetración y donde tampoco hay a mano una sucursal bancaria y menos aún una Delegación de la AEAT. ¿Qué espera la Agencia Tributaria que hagan en ese caso estos contribuyentes?”.

La campaña de la renta 2018 se inició el pasado martes 2 de abril y se cierra el próximo 1 de julio.

AEDAF

Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.000 abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales.