En un diá como el de ayer, en el que en el tradicional acto solemne en el Tribunal Supremo, esta vez con la presencia de S.M Juan Carlos I (en la foto con el nuevo presidente del Supremo y CGPJ, Gonzalo Moliner, ) y las principales instituciones jurídicas del país, se inauguraba este año judicial, el grueso mayoritario de la carrera judicial y fiscal hacía patente su descontento en un comunicado distribuido a mediodía de ayer, donde quedaba claro el malestar por la actividad del Ministerio de Justicia en diferentes ámbitos de actuación.

Será el próximo viernes 21 de septiembre cuando la Comision Interasociativa, que engloba a todas estas asociaciones judiciales y de fiscales, deje claro el camino a seguir. Esta Comisión está representada por la  Asociación Profesional de la Magistratura; APM  ,   Asociación de Jueces Francisco de Vitoria; AJFV, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, APIF (Asociación Profesional e Independientes de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales

De momento la nota es muy contundente y deja claro que “los jueces, magistrados y fiscales queremos dejar patente el malestar de la Carrera Judicial y Fiscal debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español, para impulsar una Justicia ágil y eficaz, dotándola de los medios personales y materiales necesarios, cuando, en realidad, no hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos.”

Control político de la justicia

En esa misma información se deja claro el interés de los poderes públicos por el control político de los órganos de gobierno, en este caso el propio CGPJ

Las entidades firmantes dejan claro que hay una ausencia clara de inversión en justicia. También una total descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia. Y muestran su desaprobación a la congelación de plazas judiciales, fiscales y oposiciones así como su rechazo a diferentes recortes salariales y estatutarios.

Desde esta plataforma se reclama la plena independencia del CGPJ, con abandono de la reforma planteada que atrofia su capacidad constitucional de actuación.

Tambien se reclama el mantemiento de un estatuto profesional  que contemple la singularidad de  su  función y en el que no se limiten ni sus funciones ni sus derechos.

Otra de las reivindicaciones tiene que ver con diferentes reformas legislativas que ayuden a evitar el colapso judicial existente  y compensenlas dificultades presupuestarias para la modernización de la Administración de Justicia.

Respecto a la falta de personal se pide que se convoque aquellas oposiciones y esas plazas de Juez y Fiscal ya presupuestadas y ofertadas en anteriores procesos selectivos y que han resultado vacantes.

Este colectivo de juristas quiere que se abra una via de negociación con el Ministerio que pueda dar respuesta a estas peticiones.. Hasta entonces los Jueces y Fiscales, para compensar las inadmisibles carencias de nuestra Administración de Justicia, solo se comprometen a ejercer sus  funciones dentro de los estrictos márgenes de la Ley y, obviando criterios productivistas, atender solo a la Justicia de calidad que los ciudadanos merecen y reclaman.

En este contexto, las medidas que se ponen en marcha tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar  el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley.

Junto a ello un proceso de autorregulación en el que se insta a la Comision de Prevención de riesgos laborales para que proceda de inmediato a establecer la carga de trabajo que debe desarrollarse conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e higiene, así como el establecimiento de un catálogo de enfermedades laborales.

Mientras esa Comisión se pone en marcha, instar la convocatoria de juntas de jueces sectoriales para establecer la carga de trabajo a la que ajustar nuestra función.

Los fiscales instarán a la Fiscalía General que fije un módulo de trabajo razonable y entre tanto, los fiscales ajustarán sus funciones a meros criterios de calidad y salud. Instarán, asimismo, de la Fiscalía General que fije un catálogo de enfermedades profesionales en coordinación con la comisión de riegos laborales de los jueces.

El último punto habla de una concentración de toda la carrera judicial y fiscal. Y se deja claro de tomar medidas de fuerza mayor si los anteproyectos de reforma de la LOPJ no se paralizan, al señalar estos juristas que “atentan a la independencia de los jueces y a la autonomía de los Fiscales”. La falta de negociación entre el Ministerio y el colectivo de jueces y magistrados podría generar  diferentes medidas de presión entre las que no se descartan

La nota deja claro que todas las asociaciones de jueces y fiscales prestarán cobertura y asistencia a todos aquellos jueces y fiscales que secunden estas medidas.

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