La Asociación Española de Asesores Fiscal (AEDAF) considera imprescindible y urgente que se modifique la actual regulación de la amnistía fiscal, esbozada hace unos días por Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda (en la foto)  y se apruebe una nueva norma que garantice la plena seguridad jurídica de quienes desean acogerse a la medida aprobada.

 En una rueda de prensa celebrada ayer por la mañana, el presidente de AEDAF Antonio Durán-Sindreu, junto a Enrique Giménez Reyna y Jose Ramón Domínguez Rodicio, miembros del comité asesor de la Asociación, comparecieron para valorar las recientes medidas aprobadas por el Gobierno para la lucha contra el fraude, así como la regulación prevista para la amnistía fiscal.

 Según los asesores fiscales, la regulación de la amnistía aprobada por el Gobierno y convalidada por el Parlamento, suscita importantes dudas que pueden poner en peligro el éxito de la misma.

 Entre otras, cabe enumerar las siguientes:

  1. Cómo acreditar la titularidad de los bienes y derechos que son objeto de regularización y si hay que declarar el origen de esos bienes y derechos, aspecto, este, que el Real Decreto Ley omite.
  2. Qué ocurre con el dinero en efectivo.
  3. Si es posible regularizar rentas no declaradas que no se han materializado en ninguna inversión en concreto, por ejemplo, beneficios de un negocio cuyo titular los ha destinado a su propio consumo, esto es, que se han gastado.
  4. Si la regularización exime de otros delitos penales distintos del delito fiscal, en concreto, los relativos al blanqueo de capitales.

 En este sentido AEDAF recuerda el “escaso éxito” que por idéntico motivo (inseguridad jurídica) tuvo la regularización voluntaria del año 1991.

 Es conveniente reflexionar sobre la conveniencia de que la amnistía incluya igualmente otros tributos como el Impuesto sobre el Patrimonio, el IVA, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales”, señalan desde la Asociación. “Además, parece razonable que la nueva norma que la Asociación Española de Asesores Fiscales solicita, prevea que no se inicien actuaciones de comprobación hasta que finalice el plazo para regularizar, es decir, el 30 de noviembre de este año”, añaden los asesores fiscales.

 Medidas para obtener mayores ingresos

Por su parte AEDAF sugiere algunas medidas que, en el contexto actual, ayudarían a mejorar el nivel de ingresos del Estado:

1.-  Estableciendo mecanismos de quita en procedimientos pendientes de resolución administrativa o judicial, esto es, la posibilidad de llegar a un acuerdo con los contribuyentes que han interpuesto una reclamación al no estar conformes con las propuestas de regularización que la inspección ha practicado.

2 – La conveniencia de permitir regularizar sin sanción a los contribuyentes que se encuentren incursos en procedimientos de comprobación que no han finalizado, por ejemplo, en una inspección que esté actualmente en curso.

Según la Asociación, de esta forma, “se conseguirían reducir los lógicos agravios entre quienes no han declarado correctamente y no han sido inspeccionados, que pueden ahora regularizar pagando el tipo del 10 por 100, y quienes han declarado incorrectamente y están siendo objeto de inspección, que no pueden acogerse a la amnistía aprobada”.

Plan de lucha contra el fraude

Sobre el Anteproyecto de Ley que se ha hecho público para intensificar la lucha contra el fraude, desde AEDAF se ha insistido en que la lucha contra el fraude requiere “un cambio de cultura por parte de la Administración, una clarificación de lo que es verdaderamente fraude, una adecuada política de educación tributaria, una imprescindible política preventiva y una actitud ejemplar de los poderes públicos”.

Para AEDAF, la coincidencia en el tiempo de la amnistía y el Anteproyecto de Ley puede dar a entender que este último obedece al intento de  garantizar que la amnistía sea un éxito. Sin embargo, es conveniente distinguir entre la necesaria seguridad Jurídica de las normas y la necesidad de luchar contra el fraude.

En este sentido, aunque la Asociación Española de Asesores Fiscales considera acertadas algunas de las medidas que el Anteproyecto recoge, como la reforma del régimen de módulos o la restricción en la utilización de dinero efectivo en determinadas transacciones u operaciones, señalan que “es necesario centrar los recursos en  investigar lo oculto y no tanto en comprobar las declaraciones de quienes han cumplido con su obligación”.

Además, los asesores fiscales señalan que “conviene reflexionar sobre el actual nivel de conflictividad tributaria que procede, en gran parte, de interpretaciones administrativas que cercenan la aplicación de beneficios fiscales o que suscitan un importante grado de inseguridad jurídica”. Ejemplo de ello son, entre otros, la práctica inaplicación de la deducción por I+D+IT, la aplicación del tipo máximo del Impuesto sobre Sociedades a entidades de reducida dimensión por ser de mera tenencia de bienes, o la inseguridad creada en la calificación fiscal de las retribución de socios y administradores.

“Inseguridad jurídica –añaden desde AEDAF-, que en nada incentiva la iniciativa empresarial y que tiene efectos negativos en nuestra economía”.   

 

 

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