El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha celebrado un juicio de conformidad tras el que ha dictado sentencia, cerrando así el ‘caso AVA’ ocho años después de la clausura de la instrucción y la orden de apertura de juicio oral. Velasco se hizo cargo del proceso en junio de 2008.
El acuerdo, respaldado por el Ministerio Fiscal, permitirá que los afectados que tenían más de 20.000 euros depositados en AVA recuperen cerca del 33% del total invertido que les queda por cobrar.
El agujero patrimonial de la agencia alcanzaba 120 millones de euros.
La sentencia condena al consejero delegado de AVA, Enrique Ángel Coronado, a un año de prisión por un delito societario continuado y al presidente de Transáfrica, Rafael Salama, a seis meses de prisión por un delito continuado contra el patrimonio. Ninguno entrará en prisión y las partes han acordado no recurrir la sentencia
La Fiscalía Anticorrupción pedía para ellos penas de hasta 15 años de cárcel.
Los perjudicados ya cobraron en 2003 un máximo de 20.000 euros del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), creado en 2001 a raíz del escándalo de la agencia de valores Gescartera, al que se aplicó el carácter retroactivo. Del total, cerca de 900 ya han cobrado todo lo invertido.
Los afectados aceptan así la oferta realizada en 2007 por los administradores judiciales de AVA.
La oferta partió de Paul Clarke, el liquidador del banco donde la agencia de valores invertía los fondos de los clientes, Bahamas Socimer International Bank (SIBL), que ofreció 28 millones de dólares (20,5 millones de euros) por la renuncia de las acciones penales contra los administradores de la entidad financiera. Esta cantidad se comenzó a pagar el pasado mes de junio.
El grupo español Transáfrica, la sociedad suiza André & Cia y la firma KPMG ofrecieron aportar otros once millones de euros a cambio de que se retiren las acusaciones contra sus representantes y las sociedades como responsables civiles subsidiarias.
Esta cantidad ha sido depositada en una cuenta bancaria y se prevé que el juzgado comience a abonarla en febrero, según fuentes jurídicas.
La celebración del juicio oral llevaba paralizada desde 2007, porque Clarke condicionaba el acuerdo a que la Audiencia Nacional levantara el embargo de los bonos y productos financieros que Socimer tenía en el sistema internacional de transacciones Euroclear.
El juzgado ha resuelto levantar el embargo.
El 23 de febrero de 1998, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió un expediente a AVA, tras detectar que su operativa se desarrollaba en paraísos fiscales.
Los gestores de AVA invertían los fondos de los clientes sin su conocimiento en el banco Socimer, propiedad del grupo español Transáfrica y controlado por la sociedad suiza André & Cia.
