Fue a raíz del conflicto colectivo presentado por CGT, FES UGT, Federación de Servicios de Ciudadanía de CCOO, Sindicato de Periodistas de Andalucía, comité intercentros de RTVA contra Canal Sur Televisión SA, RTVA y Canal Sur Radio SA.

Según el auto dictado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, ya a mediados de noviembre esta Audiencia emitió una providencia donde expresó sus «dudas» sobre la constitucionalidad del decreto ley, ya que «podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical, en relación con el derecho a la negociación colectiva» y también al derecho de igualdad.

En dicha providencia, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional acordó por unanimidad «oír a las partes y al Ministerio Fiscal en el plazo común e improrrogable de diez días para que aleguen sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad o sobre el fondo de la misma».

Ante eso, todas las partes emitieron sus alegaciones, en concreto los sindicatos apoyaron la cuestión de constitucionalidad, mientras que la RTVA se opuso a elevar dicha cuestión de constitucionalidad.

Finalmente la sala de lo Social se ha pronunciado y ha acordado por unanimidad elevarlo al Constitucional, «tanto el testimonio de los autos principales, como las alegaciones realizadas por las partes y el Ministerio Fiscal», según indica el auto, contra el que no cabe recurso.

El auto ahora emitido apunta que la Audiencia Nacional pide al TC que, «si se admite a trámite la cuestión, se resuelva si la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, provocada a su vez por el Real decreto por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en relación con la versión dada por decreto ley 2/2010 a los artículos 10, 2 y 14 de la Ley 5/2009 de Presupuestos Generales de Andalucía para 2010, ha vulnerado o no el contenido esencial del derecho a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva», ambos regulados en la Constitución Española, «al reducir las retribuciones consolidadas por el VII convenio de RTVA y sus sociedades filiales».

La Audiencia Nacional entiende que dichos preceptos «son aplicables al caso y el fallo depende de su validez, no siendo posible acomodar por otra vía interpretativa dichos preceptos al ordenamiento constitucional».

Asimismo, por la misma razón, solicita que el Tribunal Constitucional resuelva si la disposición adicional novena del Real decreto ley 8/2010, del Gobierno central, en relación con la disposición adicional segunda del decreto ley 2/2010, de la Junta, denominada ‘Norma especial en relación con las sociedades mercantiles del sector público andaluz a efectos de la aplicación de la reducción salarial prevista en este decreto ley con efectos del 1 de junio’, «han vulnerado o no el derecho de igualdad, contenido en la Constitución Española, al tratar diferenciadamente en materia retributiva al personal de RTVA respecto del personal laboral de sus empresas filiales».

Ya en la providencia anterior, la Audiencia Nacional recordó que este decreto ley, «excluye la reducción retributiva al personal laboral no directivo de las sociedades del sector público andaluz, entre las que se encuentran Canal Sur Televisión SA y Canal Sur Radio SA, salvo que por negociación colectiva se decida su aplicación».

En la anterior providencia, la Sala de la Audiencia Nacional ya expresó sus «dudas» sobre la constitucionalidad de la nueva redacción de una serie de artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado a raíz del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

La Audiencia Nacional recordó entonces que dicha modificación a nivel nacional causó a su vez la modificación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Andalucía para 2010, por cuanto en Andalucía se aprobó el decreto ley 2/2010 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz.

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