cláusula-sueloCuando oímos hablar de políticas abusivas de los bancos, en la mente de la mayoría de los ciudadanos saltan las cláusulas suelo o las excesivas comisiones por múltiples lados y conceptos. Es cierto que la banca no es el único sector instalado en las prácticas abusivas. Con las compañías de telecomunicaciones y las eléctricas siempre lidera los rankings de quejas y reclamaciones de los consumidores, que elaboran las asociaciones de consumidores. Sin embargo, el problema es que las políticas abusivas de los bancos suelen tener un mayor impacto en las finanzas de los ciudadanos, y el alcance y daño de las mismas han quedado descubiertos tras el estallido de la crisis económica de finales de 2007.

Las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones, disposiciones o normas contractuales donde el consumidor o el usuario no tiene margen o espacio de negociación, es decir vienen impuestas, lo que implica que ni las consiente expresamente ni puede modificar sus características. Colisionan con las normas de la buena fe perjudicando al consumidor o usuario y generan un desequilibrio relevante a favor de la parte que las ha impuesto y en contra del consumidor o usuario. Así reza en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de noviembre de 2007, un normativa que pide en los contratos tres grandes máximas: Claridad, accesibilidad y buena fe.

Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.

Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura.

Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.

Pero a pesar de que hay legislación, los bancos han seguido aferrados a su política de máximos beneficios con formulas abusivas. Las entidades financieras maquillan superficialmente sus formas para cumplir con la ley pero mantienen, en buena parte, su política de  cobros de comisiones desorbitadas en las tarjetas, cuentas corrientes, por cancelar una hipoteca, imposición de obligaciones como contratar un seguro de vida o de empleo para conceder una hipoteca…

Además de tener que cumplir la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, las entidades financieras están supervisadas por el Banco de España. Los consumidores pueden presentar ante este organismo las denuncias sobre todos los comportamientos abusivos de su entidad y éstas son resueltas, en el plazo de tres meses, a favor de los clientes, en la mayoría de los casos. El problema es que las resoluciones del Banco de España no son vinculantes.

“Lamentablemente, tanto si el Banco de España da la razón al consumidor como si no, el resultado es similar. Sabemos que aunque el dictamen del Servicio de Reclamaciones del supervisor sea favorable, las entidades ignoran estas recomendaciones. Las entidades rectificaron solo en el 20% de los casos”, afirman en la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU.

Vía judicial

En otras palabras, en muchas ocasiones, a los consumidores sólo les queda una salida para defenderse y hacer valer sus derechos: la vía judicial. Un camino lento y, tras la Ley de Tasas Judiciales de Gallardón, costoso. El resultado es que sólo una minoría de los usuarios bancarios acuden a los tribunales. Por ejemplo, con el tema de las cláusulas suelo de las hipotecas, una disposición que puede suponer que en los últimos nueve años algunos hipotecados hayan pagado a su entidad alrededor de 6.000 de más, sólo una parte de los afectados ha demandado a la entidad para anularla o recuperar el dinero cobrado irregularmente. ¿Las razones? La tasa judicial supera los 300 euros, a los que hay que sumar la minuta del abogado, el procurador y mucho tiempo de espera. Ausbanc denuncia que en ocasiones, los consumidores no demandan porque tiene otros intereses con la entidad (están pendiente de que le den un préstamo, una línea de crédito, renegociar la hipoteca), por desidia, desconocimiento de la mecánica del procedimiento o porque la propia entidad desaconseja esta fórmula. “Los consumidores reclaman mucho menos de lo que deberían hacerlo”, afirman en esta organización, que lidera la lucha contra la cláusula suelo con importantes éxitos en los tribunales.

Ante esta situación, organizaciones de consumidores y profesionales del derecho reclaman más independencia del Banco de España y controles efectivos. Para la OCU conseguir que el Servicio de Reclamaciones del supervisor sea un organismo que defienda y proteja realmente a los usuarios frente a los abusos del sector bancario pasa por: reforzar su independencia frente a las entidades de crédito y lograr que ejerza un verdadero control sobre las actuaciones de esas entidades. Y el primer paso para ello es que sus resoluciones fueran vinculantes. “Sólo así, el consumidor evitaría tener que acudir a los tribunales en los casos en los que, a pesar de que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España de la razón al consumidor, la entidad no acate dicha resolución, que es lo que suele ocurrir”, afirma la asociación.

Por su parte, los profesiones del derecho, además de demandar resoluciones vinculantes por parte del Banco de España, abogan por impulsar la mediación civil con el objetivo de que ésta permita solucionar los conflictos evitando la vía judicial. También habría que reformar las leyes procesales para que, en caso de demanda, el proceso no suponga mayores costes para el consumidor y sí para el banco actuante de la mala fe.

Pero lo cierto es que, tras los últimos escándalos en temas como las preferentes y las cláusulas suelo, donde las políticas abusivas de los bancos han quedado al descubierto, unido a las demandas colectivas e individuales, impulsadas por asociaciones como Ausbanc o Adicae,  protestas de los afectados por toda España, y cientos de sentencias judiciales contrarías a las entidades financieras, “los bancos están más sensibilizados a las quejas de los clientes”, según apunto Fernando Gomá, notario y coeditor del Blog ¿hayderecho?, quien afirma que hay bancos que se han puesto la pilas en los últimos años. “Hay diferencias entre las entidades. Ahora el usuario puede buscar y comparar y elegir la mejor oferta”, añade, al tiempo que recomienda a los consumidores una postura activa. “Hace unos días en el despacho un cliente tenía que cancelar una hipoteca y el Banco el cobraba una comisión del 2%, cuando lo legal es un máximo de 0,5%. Le indiqué al cliente que fuera a protestar al Banco y resultó que, al hacerlo, la entidad le bajó la cuota de cancelación al 0,1%”, explica el notario, que afirma que cada día en su despacho sigue viendo cláusulas que “aunque no se pueden considerar abusivas jurídicamente sí que son cláusulas abusonas para con el cliente”.

Cláusulas Suelo

Aunque puedan ser consideradas como abusivas por muchos consumidores, hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha dictaminado que las cláusulas suelo no son abusivas y ha avalado su legitimidad en la sentencia del 9 de mayo de 2013, ratificada en junio y noviembre de ese mismo año, siempre que sean claras y transparentes y se informe al cliente antes de firmar el contrato de todo lo que implica esta disposición. En otras palabras, el alto tribunal abrió la puerta a que millones de cláusulas suelo fueran anuladas por vicio de consentimiento. Sin embargo, el alto tribunal no aplicó a la sentencia efectos retroactivos. Tras este dictamen, en medios jurídicos y financieros se dio la batalla judicial por la cláusulas suelo prácticamente por cerrada. Muchos pensaban las entidades financieras irían progresivamente eliminando las cláusulas suelos y que los afectados no se iban a molestar, más tras el ‘tasazo’ judicial de Gallardón, en emprender acciones legales para reclamar el dinero cobrado de más durante años. No hay sido, así. A día de hoy sigue habiendo entidades que siguen sin eliminar estos polémicos topes en las hipotecas y miles de afectados en toda España se han lanzado a los tribunales para reclamar lo cobrado de más por los bancos, inundando muchos juzgados de demandas.

A día de hoy sigo haciendo hipotecas que incluyen cláusulas suelo, la diferencia es que, ahora, el banco para evitar que sea demandado en un futuro próximo por su cliente, se asegura mediante un texto manuscrito debidamente firmado, que éste conoce las características de esta disposición”, afirma Fernando Gomá.

“Con la sequia de crédito que hay en la actualidad, las entidades financieras más que nunca pueden imponer sus condiciones. El consumidor que necesita el crédito no tiene muchas salidas”, señala Carmen Martínez, consultora en temas de consumo.

Intereses de demora desproporcionados

Una de las cláusulas más habituales que practican las entidades financieras es imponer unos intereses de demora desorbitados. ¿Pero a qué se considera un interés de demora desproporcionado? Aquí los criterios son dispares entre los jueces y tribunales. Algunos jueces no han considerado abusiva unos intereses de demora del 25% en un crédito y otros sí. Sin embargo, estos intereses de demora han terminado por asestarles la puntilla final a muchas familias desahuciadas y ha costado dos severas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE, la última el 17 de julio pasado, en la que el alto tribunal afirma que ha aumentado la situación de inferioridad de los deudores frente a los bancos al hipotecar la vivienda.

Sin embargo, los intereses de demora no ostentan naturaleza jurídica de intereses reales, sino que se califican como sanción o pena cuya finalidad es indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que supone que no se pueda analizar si exceden o no del interés normal del dinero, aunque en muchas ocasiones se puedan calificar como leoninos.

Redondeo al alza del tipo de interés

Es una cláusula nula, el redondeo al alza del tipo de interés, según las sentencia del Supremo de 2010 y 2011, que considera estas estipulación abusiva, al no ser negociadas individualmente. Estas cláusulas provocan un desequilibrio importante en las prestaciones de las partes. Sin embargo, en los bancos como en las compañías aéreas o de telefonía impera la regla de que si el cliente no se queja es mejor dejar las cosas como está. “Afortunadamente los clientes bancarios ahora miran más las cosas, se enteran más y se quejan mucho más”, explica Juan Gonzalo Ospina, presidente de Jóvenes Abogados de Madrid.

Comisión por cancelación de hipoteca

La cancelación esencialmente consiste en eliminar una carga hipotecaria que consta en el Registro de la Propiedad sobre una vivienda u otro tipo de inmueble. La nueva normativa que regula las comisiones máximas por cancelación anticipada a aplicar se puede consultar en el Banco de España. La ley de 9/12/2007 marca que en las cancelaciones subrogatorias y no subrogatorias, totales o parciales, que se produzcan en los créditos o préstamos hipotecarios, la cantidad a percibir por la entidad acreedora en concepto de compensación por desistimiento, no podrá ser superior a el 0,5% del capital amortizado anticipadamente en los 5 primeros años o el 0,25% en el sexto año y siguientes hasta el fin del plazo de amortización. En las hipotecas firmadas antes del 27/04/2003, se establece un tope del 1% por comisión de amortización anticipada subrogatoria y no subrogatoria. A partir del 27/04/2003, el máximo se establece en 0,5% en el caso de comisión de amortización anticipada subrogatoria y del 1% en el caso de no subrogatoria.

Sin embargo, en ocasiones el banco aplica comisiones mayores a las establecidas por el Banco de España. Aquí el consejo es el mismo: estar atento y quejarse a la entidad.

Comisiones desorbitadas por sacar del cajero

La lista de comisiones desproporcionadas e injustificadas es grande. Por sacar dinero de un cajero que no sea el de la entidad, algunos bancos te llegan a cobrar hasta ocho euros de gastos. “Este es un beneficio desproporcionado y no razonable”, afirma Fernando Gomá. La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) ha detectado 469 cláusulas abusivas en prácticamente todas las entidades financieras de España correspondientes a todo tipo de productos y servicios financieros, cifra que la asociación considera “mareante, propia de un país absolutamente al margen del derecho y la defensa de los derechos de los usuarios”. Para la organización, el cobro irregular de comisiones, en ocasiones incluso duplicadas, es una constante.

Comisión por descubierto

Basta con que por uno o varios días te hayas quedado sin saldo en la cuenta, para que el banco te cobre una comisión por descubierto excesiva y que pueden considerarse abusivas. Las comisiones que cobran los bancos a los clientes que mantienen su cuenta en números rojos han aumentado un 23% desde el inicio de la crisis, ya que han pasado a cobrar 42,33 euros desde los 34,36 euros que se abonaban de media en 2007. El porcentaje que se aplica en concepto de comisión por saldo deudor también se ha incrementado notablemente y ha pasado del 3,38% al 4,58%, un aumento del 35,5%, según un estudio realizado por el portal Kelisto.

En 2012, el juez de Primera Instancia número 1 de Picassent (Valencia) anuló una comisión por descubierto, cobrada sobre una cuenta con saldo negativo, al entender que es injustificable y “totalmente abusiva”, ya que no responde a ningún servicio real prestado por la entidad bancaria.

Ordenó al Banco Santander a devolver 28.758 euros que cobró a una empresa por este concepto entre marzo de 2003 y septiembre de 2008. El banco alegó que era el coste de un estudio económico de la situación de descubierto, “una actuación sistemática que realizan los directivos de la entidad”. El juez rechazó este argumento porque la entidad no presentó prueba alguna sobre este servicio que dice haber prestado, y no podían considerarse como tal “las simples gestiones” que se realizan en el ámbito bancario cada vez que se produce una situación de descubierto.

El Banco de España también considera una mala práctica el cobro de comisiones por cualquier concepto y de modo discrecional. Así se expresó ya en sus resoluciones 819/00, 1508/00. “El Servicio (de inspección del Banco de España) estima que el régimen de libertad de las entidades no implica que pueda considerarse buena práctica bancaria la aplicación de las mismas (comisiones), ya que es obligación de las entidades ponderar las cantidades que deben cargarse a los clientes por los servicios prestados, teniendo siempre presente el principio de proporcionalidad, para evitar en la medida de lo posible que se cobren cantidades abusivas por servicios cuyo coste real no se corresponde con el importe repercutido”.

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