Caamaño señaló que “en 1978, los españoles decidimos dotarnos de un marco jurídico político que expresamente proscribe la pena como un fin en sí mismo y que ordena la configuración de un sistema punitivo necesariamente orientado a la “reeducación y a la reinserción social”, como así proclama el art. 25.2 de nuestra Norma Suprema”.
“Unas finalidades constitucionales a las que progresivamente el legislador democrático ha ido dando respuesta sin renunciar, por ello, a un ordenamiento penal que es reconocido en el derecho comparado como uno de los más exigentes”, agregó.
El flamante ministro dijo que en el orden constitucional español no tienen cabida las penas a perpetuidad. “Como poderes públicos responsables, debemos velar, en el ejercicio de nuestras respectivas competencias, porque se legisle de forma consciente y meditada. A nadie se le escapa que la comisión del delito es un acto generalmente rápido y breve, mientras que las circunstancias de la víctima y su dolor se prolongan extraordinariamente en el tiempo”, agregó.
“Somos plenamente conscientes de ello y sabemos que son muchos los elementos que en este particular contexto debemos analizar y ponderar. Pero, en ningún caso, podemos olvidar que esa ponderación solo puede llevarse a cabo en el marco de nuestra Constitución que contempla un sistema punitivo cuya principal razón de ser es, como antes le decía, la “reeducación y la reinserción social”, sostuvo.
Caamaño reconoció que “dentro del respeto a estos límites constitucionales, nuestro ordenamiento punitivo admite mejoras y actualizaciones que respondan a las necesidades de la sociedad. Evidentemente, ésta no es una particularidad española y, al igual que nosotros, otros países de nuestro entorno cultural se encuentran ante la misma tesitura: la de la acomodación ‘reflexiva’ y ponderada de su ordenamiento penal a las nuevas demandas de la ciudadanía”.
“Por lo que a nosotros atañe, el Gobierno de España ha iniciado un proceso de reforma del Código Penal. A día de hoy, tal reforma se encuentra en fase de consulta ante los órganos correspondientes, entre los cuales, el Consejo General del Poder Judicial ya ha emitido su informe. El Gobierno analizará las observaciones y las propuestas que estos informes contengan, y en especial, todas aquellas sugerencias con las que se pretenda lograr una mejor proporcionalidad entre la salvaguarda de la dignidad del ser humano, los fines constitucionales de la pena y el cuidado y atención de las víctimas”.
