Supervisará si se han vulnerado los derechos fundamentales de alguno de los deportados o violado el derecho europeo a la libertad de movimiento, según ha confirmado el portavoz comunitario de Justicia, Matthew Newman.

Los servicios legales y otros departamentos del Ejecutivo comunitario han redactado un informe “preliminar y jurídico” sobre las polémicas expulsiones e incluido las versiones de las delegaciones francesa y rumanas que ayer martes se reunieron con la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding.

El análisis se centra en “dos asuntos jurídicos europeos” concretos, aclarar si se han vulnerado el derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos de la UE y la Carta de Derechos Fundamentales, explicó en rueda de prensa Newman.

La vicepresidenta Reding y los comisarios de Asuntos Sociales, László Andor, y de Interior, Cecilia Malmsröm, son los encargados por petición del presidente, Jose Manuel Durao Barroso, de informar al resto del colegio sobre el caso.

El objetivo es aportar los datos preliminares para estudiar “con una visión objetiva” si Francia ha respetado las leyes europeas. Fuentes comunitarias apuntaron en los últimos días que si Bruselas constata que se vulneraron los derechos comunitarios de los afectados podría decidir abrir un procedimiento.

Con todo, el portavoz de Reding insistió en el carácter “preliminar” del informe y explicó que a finales de esta semana tendrá lugar otra reunión con representantes del Gobierno galo, esta vez a “nivel técnico”, para continuar las conversaciones.

Otra portavoz comunitaria recalcó que la reunión de comisarios, primera tras el parón veraniego y a puerta cerrada, es de carácter informal y por tanto “no habrá decisiones ni en éste ni en otros asuntos” de la agenda. Se trata de un seminario de dos días, por lo que las discusiones sobre este caso se pueden prolongar hasta el jueves.

Tras reunirse con varios comisarios, el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, defendió la política francesa de expulsiones y subrayó que Francia ha respetado “escrupulosamente” las normas comunitarias, pero advirtió de que la libertad de movimiento “no puede ser incondicional”.

El secretario de Estado para Asuntos Europeos rumano, Bogdan Aurescu, pidió a Bruselas que estudie si las deportaciones han sido “verdaderamente voluntarias” y acusó a El Elíseo de maquillar las cifras de criminalidad de los deportados para “impresionar a la opinión pública”.

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