La Corte Suprema de Justicia, hace uso por primera vez de su facultad de emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, dicha facultad está prevista en la Constitución desde junio de 2011.

Es una determinación histórica por parte del máximo tribunal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por primera vez expulsó del sistema jurídico mexicano una parte de un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad, suprimió del sistema normativo mexicano un artículo de una ley, en este caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión, lo que implica que dicha norma no pueda ser aplicada en futuro a persona alguna.

La Declaratoria General de Inconstitucionalidad es uno de los instrumentos más importantes para la protección de la ciudadanía. Desde la reforma constitucional de 2011 aparece en el artículo 107 de la Carta Magna y quedó reglamentada en la nueva Ley de amparo en el título cuarto, capítulo sexto, pare el caso de que un ciudadano presente un amparo, impugne la ley o un acto de aplicación de la ley.

Antes de la reforma constitucional en la materia y la entrada en vigor de la nueva ley de 2/01/2013, había una fórmula de desigualdad. Ya que cuando una persona combatía una ley solamente la beneficiaba a ella, ese era el gran problema de desigualdad, porque quien tenía dinero iba con un abogado especialista en amparo, quien podía tramitar bien su juicio de amparo, y por consecuencia obtenían un amparo en contra de la ley y beneficiarse de la misma.

La norma de amparo dispone que cuando las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, o cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá en términos del artículo 107 fracción II, párrafo tercero.

En ambos casos el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma.

Pasados 90 días sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, es decir sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por una mayoría de cuando menos ochos votos.

La norma declarada inconstitucional instituía una multa mínima para concesionarios o autorizados de radio y televisión, equivalente al 1% de sus ingresos acumulables, lo cual resultaba excesivo.

Entre octubre y noviembre de 2017, la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió cinco amparos en revisión, en los que estableció jurisprudencia y determinó que ese precepto violaba el artículo 22 de la Constitución Federal, sin que el Congreso de la Unión haya hecho la reforma correspondiente.

De esta forma, la SCJN dictó la primera declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2017, solicitada por la Segunda Sala de la SCJN, respecto del artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la porción normativa que establece “del 1%”.

Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación, México