Según el Ejecutivo, el «gran desafío» en los próximos meses es la definición de una estrategia de salida «ambiciosa» a corto y a largo plazo, y que contemple dos dimensiones: la estrategia de salida de la crisis y el crecimiento sostenible a largo plazo.

Indica que hasta que «la confianza de los agentes no esté plenamente restablecida y la recuperación sea autosostenida», no debería procederse a una retirada de los estímulos extraordinarios con los que los gobiernos vienen apoyando la economía. No obstante, considera que sí ha llegado el momento de diseñar la manera en la que esos estímulos deberán ir siendo retirados.

En el ámbito financiero, la Presidencia española trabajará en las siguientes líneas: continuar el impulso de la Agenda Larosière de reforma de la supervisión del sistema financiero dentro de Europa y poner en marcha la creación del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y de las Autoridades de Supervisión Europeas.

Impulsará la directiva comunitaria de los fondos de gestión alternativos e incremento de la calidad de la regulación de capital de las entidades de crédito y de empresas de servicio de inversión. También deberán promoverse políticas de retribución que sean compatibles con una gestión «sana y eficaz» del riesgo.

El Gobierno español quiere también una respuesta europea conjunta en materia de gestión de crisis. Por ello, defenderá una gestión «eficiente» del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) tanto en su parte disuasoria como en la preventiva. El pacto, añade, en el ámbito de las finanzas públicas, constituye el instrumento «más adecuado» para dirigir y supervisar la consolidación fiscal.

La Presidencia española impulsará la ‘Estrategia EU2020’, que debe orientarse a fomentar el potencial de crecimiento europeo, abordando el problema del envejecimiento de la población, absorbiendo el elevado desempleo resultante de la crisis con generación de empleos de calidad, fomentando una economía más eficiente e incrementando la coordinación entre los estados miembros.

En materia fiscal, se promoverán las directivas vinculadas a la lucha contra la evasión fiscal y a la consecución de reglas de transparencia y de simplificación administrativa. En concreto, la prioridad es trabajar sobre cuatro directivas: sobre la fiscalidad del ahorro, sobre cooperación administrativa, sobre asistencia mutua en materia de recaudación y sobre reglas de facturación electrónica en IVA.

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