Los vecinos -enfrascados en un pleito que durará como mínimo dos años más- han conseguido que el Tribunal Constitucional (TC) diga que tenían razón cuando pidieron que se paralizaran las obras de los trasteros.

La comunidad todavía está pendiente de que el Supremo decida sobre un recurso de casación interpuesto por Prasa sobre la cuestión de fondo: si tenía o no facultad para construir esos trasteros y venderlos.

Tanto la promotora como la defensa de la comunidad de propietarios Plaza América inciden en que el procedimiento está en curso y nadie tiene la razón de forma definitiva. “Se han estimado las reclamaciones por el tema de los trasteros y el cambio de fachada, algo que está recurrido, pero también se han rechazado otras peticiones como las relativas al cambio de solería y puertas”, explica un portavoz de Prasa.

La empresa atribuye la demanda a un “desencuentro entre dos partes, nada atípico en el sector inmobiliario” y asegura que las cantidades de indemnización están debidamente consignadas en el juzgado.

La sentencia del Constitucional, del 2 de diciembre, publicada la semana pasada, anula un auto que la Audiencia de Málaga dictó en marzo de 2005. En él rehusaba paralizar la construcción de los trasteros como medida cautelar y devolvía las actuaciones al punto en el que se encontraban ese año.

Según la sentencia, la promotora había incrementado la superficie de trasteros en la misma proporción que menguó una zona común, destinada a almacén y cuarto de instalaciones.

Los vecinos pedían que se paralizaran las obras para evitar que la zona se dividiera en fincas independientes y se hiciera una nueva división horizontal “con el consiguiente riesgo de imposibilidad de restaurar los derechos de la comunidad de propietarios si tales fincas (trasteros) como efectivamente ocurrió, eran vendidas a terceros de buena fe, tornándose irreivindicables”.

Si el fiscal y la Audiencia hubieran accedido a la petición, los trasteros no estarían terminados. La situación actual hace muy difícil que puedan recuperar esa superficie, aunque tienen la posibilidad de recibir el valor que tenían las zonas comunes en su día. “Si ganan en el Tribunal Supremo, lo máximo que obtendrían serían la equivalencia al dinero que valen los trasteros”, señala la defensa de los vecinos.

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