En la mesa redonda que centró la jornada participaron el juez de lo Mercantil de Valencia Fernando Presencia, el juez de lo Mercantil de Castellón Rafael Jiménez, la catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante Esperanza Gallego y representantes jurídicos de las principales entidades financieras de la Comunitat Valenciana: Bancaja, CAM, BBVA y Banesto.
Presencia defendió generalizar esta práctica «para llegar a acuerdos entre deudores y acreedores evitando no sólo la liquidación sino el propio concurso».
Según Presencia, en las situaciones de insolvencia aceptar un acuerdo puede llevar a que se consigan «condiciones de mayor rentabilidad» y evitar que el banco finalmente se quede con el bien hipotecado, como ocurre en la práctica totalidad de los casos.
De lo contrario, en caso de que la subasta quede desierta, el banco termina quedándose con el bien hipotecado pero, además, el perjudicado deberá hacerse cargo de los costes de la ejecución y de la necesidad de provisionar un 25%.
Este beneficio para la entidad financiera, unido a la posibilidad de que la empresa o la familia que no pueda hacer frente a su deuda pueda quedar liberada de sus obligaciones al entregar el bien, supone, según Presencia, una «convergencia de intereses» entre todos los agentes del proceso.
En el caso de las familias, además, se podrían articular después acuerdos con el banco o la caja de ahorros para seguir viviendo en el piso entregado bajo la fórmula de un arrendamiento u otra alternativa, añadió.
Desde el lado de las entidades financieras, hubo acuerdo a la hora de considerar que la dación en pago puede ser una buena alternativa o un mal menor en los casos de insolvencia porque evita aumentar las provisiones y no incrementa la morosidad.
Los responsables jurídicos de las entidades financieras mostraron su temor a lo que definieron como «el fantasma de la reintegración», es decir, que una vez alcanzado el acuerdo para aceptar la dación en pago, este acuerdo quede anulado posteriormente en un proceso concursal.
El catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Rojo, calificó el texto de la última reforma de la Ley Concursal como «insuficiente, apresurado y con graves incorrecciones técnicas que sólo ha venido a dar soluciones a cuestiones muy determinadas pero al tiempo ha abierto enormes interrogantes».
Respecto al anuncio de una nueva modificación legislativa, Rojo añadió que «persisten muchas incertidumbres» y que es «necesario ser modestos para fabricar un instrumento que sea realmente útil». En su opinión, en el actual contexto de crisis, es necesario «multiplicar el número de juzgados de lo Mercantil» en una proporción muy superior a lo que se está haciendo.
