Manuel MendezPor Manuel Méndez, abogado y director del bufete Manuel Méndez & Asociados

Históricamente se puede apreciar como la finalidad de la pena privativa de libertad ha estado en manos de la política criminal del Estado, hoy también.

En términos dogmáticos clásicos, la función preventiva general o especial y la función retributiva, son las dos finalidades clásicas de esta pena. En términos preventivos generales supone una llamada de atención al conjunto de la sociedad, pudiéndose distinguir entre función preventiva positiva o negativa en función de que el mensaje sea de un calado más o menos optimista, en cuanto al grado de confianza en el ser humano. La función retributiva alude al castigo, a la pena como sufrimiento por el que se ha de pasar como consecuencia de haber cometido el delito. La sociedad ha de comprobar como aquel que delinque luego sufre, esta concepción, basada en la idea de la venganza, ha estado vigente en nuestro país hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 1982 para la Reforma Urgente del Código Penal. La idea de castigo estuvo presente en el Código Penal de 1944, vigente hasta 1982, a pesar de las reformas de 1963, 1973 y siguientes.

En el año 1978 la promulgación de la Constitución Española despeja cualquier duda, así, se establece, que la finalidad de la pena no es otra que la rehabilitación del ciudadano, su reinserción social, esto que se ha dado en llamar por algún sector de la doctrina “la asunción de valores sociales”, la interiorización del comportamiento adecuado para vivir en sociedad.

En consecuencia no podemos entender la finalidad de la pena sino entendiendo a esta inmersa dentro de un Estado que se hace llamar social y democrático de Derecho, esto es, un Estado en el que la Ley está por encima de todos y de todo; la pena, así entendida, no puede tener finalidad distinta a la descrita en el texto constitucional: propiciar que el ciudadano asuma una serie de valores elementales para la convivencia social en democracia.

El actual Ministro de Justicia pretende que determinados delitos sean sancionados con penas de cadena perpetua, revisables cada cierto número de años, esto último es irrelevante.

La cadena perpetua, revisable o no, supone volver de lleno al Código Penal del año 1.944, el Código Penal de la postguerra civil; la pena se enfrenta así con la finalidad que la Constitución prevé para la misma, con la finalidad que todos los ciudadanos expresaron, de manera libre en el año 1.978: renunciar para siempre a la venganza.

El tema, con independencia del pronunciamiento que lleve a cabo el Tribunal Constitucional, no deja de ser, per se, altamente preocupante. Por esta senda, se puede, sin ningún problema, rehabilitar la pena de muerte, con plazo de ejecución de un año, revisable cada fin de semana.

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