La reforma laboral que el gobierno de Mariano Rajoy aprobó el 10 de febrero ha provocado  desde un primer momento un alud de reacciones tanto de los partidos políticos como de los sindicatos que acusan al ejecutivo de poner en riesgo el actual Estado de bienestar. Unas protestas que tendrán su punto álgido la semana próxima en una huelga general que irá acompañada de manifestaciones a lo largo y ancho del país.En medio de tanto ruido mediático, varios expertos están analizando esta reforma legislativa, en distintas jornadas como por ejemplo, las organizadas por  Écija y la Fundación Pons.

En primer lugar, la jornada celebrada por los letrados de Écija, trató de una manera amplia esta reforma como nuevo paradigma social. Responsables de más de cuarenta entidades procedentes de todos los sectores de la economia se dieron cita para hablar de este Real Decreto Ley 3/2012, partiendo de la base que la nueva ley surge de una situación económica y financiera muy grave, no sólo en nuestro país sino a nivel global. A partir aquí se habló de cuatro grandes bloques que han sido objeto de modificación: el fomento de la contratación indefinida y el nuevo contrato para la formación, las medidas de flexibilidad interna, las novedades en la aplicación de los convenios colectivos y las modificaciones en materia de despido. Se analizó también la llamada flexiseguridad, es decir, el conjunto de medidas que pretenden fomentar la empleabilidad de los trabajadores, haciendo hincapié en promover la contratación por PYMES y jóvenes. Durante la jornada se argumentó que, a pesar de que el espíritu de la reforma es el fomento del empleo con esta apuesta por la flexibilidad, en este primer mes los mecanismos que se han usado han sido los encaminados a la extinción de los contratos de trabajo. A pesar de lo cual, defienden que a corto y largo plazo la reforma servirá para estimular el empleo indefinido. Precisamente por eso resaltaron la importancia de conocer y aplicar correctamente el nuevo marco normativo.

Por su parte, desde la Fundación Pons, la jornada giró alrededor de los aspectos de la reforma que se dirigen a emprendedores. Con la colaboración de la Asociación de Jóvenes Empresarios, se analizó el conjunto de medidas en su totalidad pero poniendo énfasis en la aplicación de cara a las PYMES y emprendedores. Para ello contaron con la presencia de Dña María Henar Merino Senovilla, magistrada-juez del Juzgado de lo social número 26 de Madrid, Dña. Elvira Marcos Palma, letrada experta en materia laboral del Despacho de Abogados López-Royo, Dña. Begoña Solano, directora general de PONS Fiscal y Laboral, y Dña. Elena Carrascal, responsable de Subvenciones de Gestoría PONS.

Elvira Marcos argumentó que el paro es estructural y que por lo tanto, «este tipo de medidas eran necesarias», resaltando además que por primera vez en una ley del trabajo aparece la palabra emprendedor. Por su parte Begoña Solano, que habló sobre incentivos fiscales dirigidos a este colectivo aseguró que la reforma menciona una serie de incentivos fiscales para aquellos que utilicen el contrato de trabajo a tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, aunque matizó que «los detalles de los incentivos se desarrollarán con posterioridad. Podría hacerse mediante la Ley de emprendedores que previsiblemente verá la luz en el primer semestre del año». Según sus palabras, podría tratar otros temas como la eliminación de burocracia para la creación de empresas y reducción del tipo impositivo de tributación para Pymes.

Finalmente Elena Carrascal habló sobre cómo rentabilizar las inversiones de los emprendedores y aseguró que para este objetivo, es necesario optimizar las subvenciones, para lo cual «es fundamental establecer un plan de gestión de las mismas para que sean rentables y eficaces desde el principio».

De la misma manera que resaltaron en la jornada organizada por Écija, desde la Fundación Pons destacaron también la importancia de conocer y aplicar correctamente el nuevo marco normativo laboral, no sólo en cuanto a lo que expresamente se regula, sino también en aquellos «silencios» que pueden ser interpretados con un amplio margen de decisión por los jueces.

 

 

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