
El Consejo Fiscal ha remitido este jueves un informe al Ministerio de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley del Aborto. En él, la fiscalía califica de «incoherente» la penalización sobre el aborto del anteproyecto ya que excluye la sanción a la mujer embarazada en todos los supuestos y eso desprotege el interés constitucional que representa la vida del nasciturus.
En ese sentido, el Consejo ataca la ley actual del aborto porque considera que «la impunidad del aborto voluntario ajeno al conflicto de intereses» no respeta la doctrina del TC, ya que elimina un «bien de protección constitucional» cuando el mismo no entra en conflicto con otros derechos constitucionales de la embarazada. Por ese motivo, celebra el retorno al sistema de indicaciones que contiene el anteproyecto.
Aún así, considera que el supuesto terapéutico es demasiado restrictivo y es especialmente confuso en los casos en que hace necesario que el estado de salud de la madre este amenazado para poder abortar cuando el feto no es viable. Para la fiscalía, esta regulación pretende permitir el aborto eugenésico en caso de inviabilidad del feto y, siendo ese el caso, deberían regularse los dos supuestos por separado. Es decir, el riesgo físico o psíquico para la madre debe ser un supuesto siempre y se debería añadir otro que permitiera el aborto cuando «se constate la existencia en el feto de una anomalía incompatible con la vida».
El Consejo considera que no puede darse una respuesta certera sobre si debería incluirse el aborto eugenésico en caso de graves anomalías como un supuesto de aborto, pero insta al ejecutivo a tener en cuenta la regulación de los países del entorno que también han suscrito la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Fiscalía también ha considerado que el anteproyecto es inoportuno porque la actual ley del aborto está pendiente del pronunciamiento del Constitucional, que podría dar mejores parámetros para establecer la nueva legislación.