Todavía falta por saber cuál van a ser las consecuencias futuras directas en el propio CGPJ del Pleno Extraordinario que tuvo lugar ayer jueves para tratar las repercusiones de los gastos efectuados por Carlos Dívar, presidente del CGPj en diferentes viajes a Marbella. Lo que sí parece claro es que este asunto ha generado una división importante entre los propios vocales por este asunto. Al final de esta maratoniana reunión se ha hablado sin concretar de tener la voluntad de aprobar un «plan de austeridad» y trabajar para reforzar la transparencia y controlar el gasto.
Frente a la petición de cinco vocales del cese del presidente, también hubo al mismo tiempo otros siete que pidieron la dimisión de Gómez Benitez, vocal que instigó la denuncia al propio presidente en su día. Ambas situaciones no llegaron a votarse al tener este pleno carácter deliberativo.
Por carecer del quórum suficiente, fijado en trece miembros, el citado Pleno rechazó ayer la petición de dimisión de su presidente, Carlos Dívar, pedida por escrito por cuatro vocales, a raíz de las posibles irregularidades que pudiera haber efectuado por el cargo de viajes privados a costa de la propia entidad de los jueces. Como ya conoce el lector de DIARIOJURIDICO, el fallo de la fiscalía de hace unos días dejaba claro que no había habido comisión de delito por parte del propio Divar.
Esta dimisión fue planteada por los vocales de este órgano: Margarita Robles, Félix Azón, Carles Cruz e Inmaculada Montalbán ante la «insuficiencia» de las explicaciones dadas por éste. Estos cuatro magistrados en un escrito, que curiosamente circulo bastante por redes sociales como Twitter, firmado por elos. Además señaló que las explicaciones de Carlos Dívar durante el pleno fueron «desafortunadas» y que todavía sigue «sin disculparse públicamente».
En el citado escrito se afirmaba que la actuación de Dívar -que cargó al CGPJ 13.000 euros de gastos de una veintena de viajes a Marbella- supone un «quebranto» no sólo para el Poder Judicial, «sino también para todos y cada uno de los hombres y mujeres que sirven en la carrera judicial». Además indicaba que la exclusión de responsabilidades penales derivada de la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia que el vocal José Manuel Gómez Benítez presentó contra Dívar «no exime de responsabilidades políticas» a éste
Por otro lado, se hizó publico ayer otro documento suscrito por los vocales Almudena Lastra, Gemma Gallego, Concepcion Espejel, Gabriela Bravo, Antonio Dorado y Claro José Fernández-Carnicero, quienes de forma dura reprobaron la actitud de su colega Gómez Benitez. Son reproches importantes los que se vierten tales como que » no sólo no se ha limitado a lanzar la más grave acusación que puede dirigirse contra el representante del Poder Judicial en España, sino que se ha dedicado a visitar medios de comunicación dando su explicación de los hechos, que es, interpretada por aquéllos, la que ha llegado a la sociedad.» se comentaba
Tambien se reprobaba la actitud del vocal de arremeter contra las instituciones :»De todos los caminos posibles elige la denuncia ante la Fiscalalía para, acto seguido, cuando no ve acogidas sus pretensiones, arremeté también contra esta Institución –a la que él consciente y voluntariamente ha metido en “esta guerra”- denostando la resolución adoptada ante la opinión pública., con afirmaciones tales como que la resolución no se la cree nadie, ni el propio Fiscal, que éste ha perdido la oportunidad de demostrar que todos somos iguales ante la ley, etc… De este modo se lleva por delante la segunda institución del Estado, por cierto también incardinada en el poder judicial, por el mismo precio»
Los siete firmantes de ese documento coinciden en que como bien es sabido que los vocales del Consejo General del Poder conforme dispone el artículo 119 de la LOPJ no podrán ser removidos de sus cargos sino por agotamiento de su mandato, renuncia, incapacidad, incompatibilidades o incumplimiento grave de los deberes del cargo, solicitan que el propio Gómez Benitez dimita: «APELAMOS a esa honestidad de la que tanto ha hablado en los últimos días y le PEDIMOS que renuncie a su cargo en este órgano en el que, según sus palabras, no confía y al que ninguna lealtad profesa.»
Voces a favor de la dimisión
Con anterioridad a este Pleno, diferentes organizaciones judiciales pidieron el cese del presidente del CGPJ, al tiempo de reclamar «una más pormenorizada investigación» de los hechos. Desde Jueces para la Democracia se señalaba que dada la «relevancia» del CGPJ es exigible «un alto grado de responsabilidad, autonomía y transparencia por parte de sus vocales». A su juicio, en materia presupuestaria el archivo de la denuncia sugiere una «carencia» de mecanismos de control de gasto en el CGPJ ya que se ha evidenciado que no es preceptivo para sus vocales informar sobre las causas de sus viajes.
También el Foro Judicial Independiente se mostraba crítico con la actuación de la Fiscalía ya que, a su juicio, debería haber continuado con la investigación porque «algo huele mal» en los gastos del CGPJ y la imagen que está dando la institución es «nefasta». Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) consideraba en un comunicado que, «por más que se haya archivado la denuncia, y como muestra de respeto a la ciudadanía (…), el presidente del CGPJ debería dimitir sin esperar al pleno del próximo jueves»
