Hoy tendrá lugar en el Congreso de los Diputados la votación definitiva del texto que han presentado PSOE y PP que pretende modificar el articulo 135 de la Constitución. En menos de una semana se ha elevado de forma notable el tono de la crispación política. Solo UPN asegura que apoyará esta propuesta mientras que otras formaciones políticas, en especial CIU, por boca de Josep Maria Durán y Lleida hablan del consenso constitucional quebrado y anuncian su no apoyo a esta iniciativa.

Duran insistió a preguntas de los periodistas  en que su formación tiene más que acreditada su responsabilidad que desde su punto de vista “puede y debe ejercerse con dignidad”. Señaló también que que cuando dos partidos limitan con esa reforma la autonomía financiera de todas las comunidades y por tanto también de Catalunya, “ejercer la responsabilidad más que nunca debe ir acompañada a la dignidad y de la defensa del modelo constitucional que en su día, con la participación de CiU, se adoptó”.

Desde su punto de vista, la situación si Zapatero hubiese ejercido la responsabilidad que le pertocaba a lo largo de estos tres años y medio de crisis, “hoy ni tendríamos la cifra de paro que tenemos ni tendríamos necesidad alguna de reformar la constitución”.

Recurso al Constitucional

El diputado de IU Gaspar Llamazares aseguró ayer que “si hay una medida que provoque la huelga general, esa es el golpe a la Constitución”, en referencia a la reforma de la Carta Magna que se aprobará mañana en el Congreso. Además explicó que en cuanto la Mesa del Congreso rechace su impugnación por el procedimiento acelerado de la reforma de la Constitución auspiciada por PSOE y PP, recurrirán en amparo ante el Tribunal Constitucional y pedirá su paralización.

En rueda de prensa junto a la diputada de ICV, Nuria Buenaventura, Llamazares subrayó que la “gravedad” de la medida obliga a una respuesta “muy contundente”, al tiempo que ha dicho ser consciente de las dificultades de una huelga en tiempo de crisis y de que “el momento y la calidad” de la movilización dependerá de los sindicatos.

En relación a la convocatoria de una huelga general, Llamazares señaló que el “gravísimo” carácter de la reforma obliga a contemplar “todas las posibilidades y todos los instrumentos de movilización en democracia”, por lo que la huelga deberá estar “incluida en la agenda”.

En la rueda de prensa, Llamazares presentó la enmienda a la totalidad, consensuada finalmente sólo con ICV, sin ERC, a la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución donde se califica la medida de “innecesaria, ineficaz y perjudicial a los intereses generales”, y se exige un referéndum popular vinculante.

IU-ICV impugnó ante la Mesa del Congreso la tramitación urgente y en lectura única de la reforma constitucional al considerar que es un procedimiento “fraudulento”. Una vez que el órgano de gobierno de la Cámara Baja rechace el escrito, como es previsible dada su composición, a coalición de izquierdas recurrirá en amparo ante el TC y pedirá que se suspenda su entrada en vigor.

Enmiendas rechazadas

La Mesa del Congreso rechazó ayer tramitar seis de las 24 enmiendas presentadas a la reforma constitucional promovida por PSOE y PP, entre ellas las de presentadas por PNV y Esquerra Republicana para reconocer el derecho de autodeterminación, así como el texto alternativo que había planteado IU-ICV y que incluye una mención a la República y la propuesta de UPyD para abordar una reforma constitucional a fondo que afectara al sistema electoral y el reparto de competencias.

Con carácter general, el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha entendido que no debía aceptar la tramitación de aquellas enmiendas que afectaran al Título Preliminar y al resto de partes de la Carta Magna cuya modificación requiere poner en marcha el procedimiento de reforma constitucional por la vía del artículo 168, la que exige anuncio de reforma con apoyo de dos tercios de la Cámara, disolución inmediata de las Cortes para que un nuevo Parlamento la redactase y un referéndum posterior de ratificación para culminar el proceso.

Con esos parámetros, se han excluido las enmiendas de PNV y ERC que abogaban por introducir el derecho de autodeterminación en el artículo 2 de la Carta Magna, ya que tocar el Título Preliminar requiere el procedimiento complejo de reforma constitucional. También ha quedado fuera la enmienda de totalidad con texto alternativo que ha planteado IU-ICV, que según la Mesa del Congreso excede del temario propuesto en la iniciativa original de los dos grupos mayoritarios y afectaría al Título Preliminar, pues entre otras cosas incluía la posibilidad de elegir entre república o monarquía.

Tampoco ha pasado el filtro la iniciativa de UPyD de suprimir la redacción de PSOE y PP para lanzar el compromiso de abrir en 2012 una reforma a fondo de la Constitución que afecte al sistema electoral y al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.  Por las mismas, la Mesa del Congreso ha inadmitido las distintas enmiendas que, como UPyD o Nafarroa Bai, pretendían obligar a someter la reforma constitucional de PSOE y PP a la celebración de un referéndum.

 

 

 

 

 

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