El presidente de la Comisión de Derechos Humanos advirtió que de aprobarse la Guardia Nacional, sería el inicio de un proceso de ruptura con los sistemas internacionales de protección y defensa de derechos humanos.

Luis Raúl González Pérez, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que hoy se desarrolla como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, advirtió en comunicación del Palacio Legislativo que de avanzar en las reformas constitucionales que crearían la Guardia Nacional, se iniciaría un proceso de alejamiento y ruptura con los organismos internacionales de protección y defensa de derechos humanos.

Sin embargo, previó a la reforma mencionada, México podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión sobre la compatibilidad de esta nueva corporación de seguridad con el régimen iberoamericano de derechos humanos.  Esa posibilidad fue señalada por el ombudsman (defensor del pueblo), en el marco del tercer día de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional.

Además, subrayó que el planteamiento sobre las características y funciones de la Guardia Nacional representan tan solo una respuesta “parcial, incompleta, sesgada a la violencia e inseguridad. Genera el riesgo de que se vulneren los derechos humanos, además de contravenir sentencias, principios y recomendaciones internacionales.

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que, por el momento, no es viable su retiro”; sin embargo, no puede verse como “la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busque perpetuarla”.

La propuesta, en realidad, lo que busca es establecer un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta, cuyas consideraciones aporten elementos para elaborar un esquema de seguridad pública, que reconozca la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas.

“Que prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales”, señaló.

Aseveró también que la Secretaría de la Defensa Nacional no puede convertirse en la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan los civiles.

Destacó que “Parte muy relevante del surgimiento y consolidación democrática de México, que ha permitido la alternancia en el poder, ha sido la separación y respeto existente entre las instancias civiles y militares. La primacía de las primeras sobre las últimas, es una condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal”.

Concluyendo el comunicado, advirtió sobre el resultado de las audiencias públicas que tratarán la creación de la Guardia Nacional.

Estimó que si los resultados de estas audiencias públicas en torno a la Guardia Nacional, “repiten el mismo esquema de simulación” que operó en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, “se debilitaría la credibilidad y la percepción pública sobre la autonomía, responsabilidad e independencia de esta Legislatura.”

Fuente: Cámara de Diputados, México