El Gobierno defiende no obstante que la reforma de la ley supone «un impulso para la modernización y mejora de la competitividad de los puertos españoles».

«Permitirá mejorar y ampliar los servicios de los puertos y dotar de más estabilidad y calidad a sus puestos de trabajo», aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Entre los puntos de la reforma destaca el hecho de que se permitirá que cada autoridad portuaria podrá fijar sus propias tasas conforme a sus costes individualizados.

De esta forma, se propicia una «competencia interportuaria ordenada» y se fomenta la contención de gastos de explotación y la racionalización de las inversiones. «Una autoridad portuaria que racionalice su inversión y reduzca sus gastos de explotación podrá disponer de unas tasas más bajas que otras, recudiendo así el coste de paso de las mercancías por ese puerto», argumenta el Ejecutivo.

En cuanto a la prestación de servicios, el Gobierno asegura que la nueva ley introduce medidas de impulso a la competitividad en el sector de la estiba.

En este sentido, la ley garantizará que las empresas estibadores dispongan de personal en plantilla, en relación laboral común, para cubrir, al menos, el 25% de las jornadas, y estimula que la contratación de personal en relación laboral común por parte de las empresas estibadoras. Además, se habilita a las comunidades autónomas para incrementarla contratación de personal en relación laboral común por encima del umbral establecido con carácter general.

El Ejecutivo asegura que todas estas medidas se dirigen a facilitar la diferenciación de la oferta de servicios de las empresas estibadoras y, por ende, a estimular la competencia entre ellas en la prestación del servicio.

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